Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena, expresó su rechazo al pedido de expulsión que el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos promovió en su contra. A través de mensajes publicados en su cuenta de X, Rossi afirmó que siempre actuó “con respeto por la vida institucional del partido” y negó que denunciar presuntos hechos de corrupción ante la Justicia pueda considerarse un acto de “deslealtad”.
El pedido de expulsión, que también incluye a su asesor Carlos Guillermo Reggiardo, fue fundamentado por el Tribunal en la supuesta “deslealtad manifiesta” y en violaciones a la Carta Orgánica del PJ. Este proceso disciplinario está vinculado a la conducta de Rossi durante el último proceso electoral, donde el Tribunal interpretó que el intendente habría respaldado públicamente a sectores opositores y promovido una denuncia penal contra el entonces candidato justicialista Guillermo Michel, lo que se consideró una maniobra para perjudicar al partido en plena campaña.
En sus declaraciones, Rossi sostuvo que “el PJ entrerriano se parece más a una organización mafiosa que a un partido político” y resaltó su trayectoria dentro del peronismo, recordando que fue intendente durante distintos gobiernos democráticos y también vicegobernador de Entre Ríos. Además, criticó el funcionamiento interno del partido al señalar que “durante años, el peronismo entrerriano toleró silencios, complicidades y decisiones que perjudicaron a trabajadores, jubilados, municipios y sectores vulnerables”.
El intendente también cuestionó a varios dirigentes, entre ellos Sergio Urribarri, Gustavo Bordet y Guillermo Michel, al afirmar que “deberían dar explicaciones sobre el Estado que administraron y sus consecuencias”. Finalmente, planteó interrogantes sobre el concepto de deslealtad: “¿Qué es realmente deslealtad? ¿Denunciar hechos que deben investigarse o haber usado el poder en contra de la gente?”. Rossi concluyó que “si denunciar corrupción es motivo de expulsión, entonces el problema no somos quienes denunciamos”.
Desde el entorno partidario, en tanto, sostienen que el proceso disciplinario se ajusta a los mecanismos internos previstos en la Carta Orgánica y que las sanciones responden a conductas consideradas incompatibles con la pertenencia al espacio político. En particular, remarcan que el respaldo público a sectores opositores durante una campaña electoral constituye una falta grave. Este caso pone en evidencia las tensiones internas dentro del peronismo entrerriano en un contexto de reconfiguración política tras las últimas elecciones, reflejando disputas sobre el rumbo del partido, los criterios de conducción y los límites de la disciplina partidaria.
La situación de Rossi deberá resolverse en las instancias partidarias correspondientes, donde se definirá si se ratifica o no la recomendación de expulsión. El desenlace de este proceso podría tener impacto en el escenario político provincial y en el reordenamiento del justicialismo de cara a futuros procesos electorales.
