La disolución de Vialidad Nacional por decreto, en medio de una política de parálisis de obra pública, agravó la incertidumbre sobre el estado de las rutas nacionales. La reacción llegó a la Justicia y a los caminos: una gestión provincial colocó carteles para resaltar los baches por falta de mantenimiento. A pesar del triunfo en el Senado, los fondos para infraestructura estatal no están asegurados y en el Congreso se debaten alternativas.
El voto legislativo aparenta fortalecer las arcas provinciales, pero la aprobación en Diputados sigue pendiente.
Los fondos, todavía inciertos, podrían diluirse en gastos corrientes. Se eliminaron fideicomisos y fondos, y se pretende una mayor distribución del impuesto a los combustibles, pero sin especificar su destino en el mantenimiento de caminos.
Las provincias tendrán la última palabra. Diputados de distintas bancadas buscan estrategias consensuadas para abordar la problemática del mantenimiento de rutas. La Cámara baja aguarda respuestas a solicitudes de informe sobre licitaciones de concesiones viales tras la disolución de Vialidad Nacional.
