Mario Zagaglia, uno de los altos ejecutivos del Banco de la Nación Argentina (BNA), que actualmente se desempeña como gerente zonal y responsible de Banca Personas, defendió este lunes “la transparencia y accesibilidad” de los créditos que otorga la entidad, frente a los recientes cuestionamientos sobre beneficios a funcionarios oficialistas y allegados a La Libertad Avanza (LLA)..
En una entrevista radial, Zagaglia negó la existencia de créditos VIP y aseguró que no existe “trato preferencial o acomodo” para empleados públicos libertarios en cuanto al acceso a los préstamos hipotecarios.
En ese sentido, afirmó que todos los créditos están sujetos a “procesos de aprobación estandarizados” y “cumplen con los requisitos de solvencia exigidos a cualquier cliente”.
La defensa por parte de Zagaglia se basa en las condiciones de la línea +Hogares, que ofrece “tasas preferenciales del 4,5% para usuarios que perciban haberes en el banco” y plazos extendidos, con una opción de financiamiento “hasta 30 años”.
El monto máximo de los préstamos es de hasta aproximadamente “$390 millones, cubriendo hasta el 75% del valor de la propiedad”, indicó Zagaglia, al tiempo que aclaró que existen líneas de crédito de hasta $50 millones para monotributistas y trabajadores que están abiertas al público general bajo las condiciones del mercado.
La polémica sobre el otorgamiento de los créditos hipotecarios surgió cuando se hicieron públicos las adjudicaciones a empleados como Juan Pedro Inchauspe, del Banco Central (BCRA); a Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo; y Federico Furiase, secretario de Finanzas, entre otros.
Siguen las defensas
Más temprano, el propio presidente del BNA, Darío Wasserman, debió salir a aclarar que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” en el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios del Gobierno Nacional dado que -según Wasserman- todos cumplieron con los requisitos de “evaluación crediticia y el scoring habitual”.
Respecto a la sospecha sobre la cantidad de funcionarios oficialistas y allegados a LLA que recibieron los créditos, Wasserman intentó matizar el escándalo explicando que el BNA “gestiona cuentas sueldo del sector público”, lo que eleva el número de empleados estatales elegibles. Al igual que Zagaglia, se refirió al programa +Hogares, que permite financiar hasta el 90% del valor, con tasas “competitivas”.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también intentó este lunes despejar las dudas sobre si fue correcta la adjudicación de esos créditos, y dijo que él mismo fue quien “indujo” a miembros del Gobierno a tomarlos porque es “una oportunidad única” y porque “le conviene al país”.
“Yo le digo a todo el mundo: vayan a tomar créditos hipotecarios”, confesó Caputo en una entrevista televisiva.
La denuncia de diputados opositores
A pesar de las explicaciones de Caputo y de los altos cargos del BNA, en la Justicia ya hay radicada una denuncia de la diputada Mónica Frade, que solicitó que se abra una investigación para determinar si existieron irregularidades o delitos como “tráfico de influencias” en los préstamos del Banco Nación.
“Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora“, indicó Frade en el escrito presentado.
También el diputado Esteban Paulón presentó pedidos de informes al Banco Nación, al Banco Central y al Poder Ejecutivo para investigar si hubo influencia de las posiciones institucionales o información privilegiada en la aprobación de estos créditos.
Los libertarios con créditos del Nación
Alejandro Bongiovanni: el diputado libertario accedió a un préstamo de 255 millones de pesos en enero de este año, justo un mes después de que rompiera con el PRO y se incorporara a la tropa libertaria.
Lorena Villaverde: la diputada -que renunció a su banca como senadora por las impugnaciones por sus presuntos nexos con el narcotráfico y que también está acusada por una supuesta venta irregular de terrenos en Río Negro- mantiene deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000.
Santiago Santurio: el diputado e integrante de las Fuerzas del Cielo obtuvo 340 millones de pesos en julio de 2025, unos meses después de integrarse al Congreso por su militancia ultracatólica y su activismo en contra del aborto.
Mariano Campero: al diputado tucumano le concedieron un crédito por 322 millones de pesos en mayo de 2025. Por esos días, el Poder Legislativo discutía la creación de la Comisión LIBRA, de la cual es integrante.
Felipe Núñez: el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo tiene una deuda inicial de $373,000,000.
Federico Furiase: el exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas tiene un pasivo de $367.059.000.
Juan Pablo Carreira (@juandoe): el director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, aparece con un crédito por $112.948.000.
Federico Sharif Menem: hijo de Eduardo “Lule” Menem y que consiguió su primer trabajo registrado como secretario de su tío y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió 357 millones de pesos.
Página12
