El proyecto nacional de Ley de Emergencia en Discapacidad propone mayores exigencias y controles para acceder y mantener los beneficios, además de introducir modificaciones en el esquema de prestaciones y financiamiento. Estas modificaciones podrían afectar la continuidad de tratamientos y el funcionamiento de instituciones y profesionales que trabajan en el área. En este sentido, Juan Enrique Ríos advirtió que “los cambios propuestos podrían debilitar la red que garantiza la atención día a día”.
El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná enmarcó sus críticas en una situación que definió como crítica para el sector. “Hoy no sólo estamos frente al incumplimiento de una normativa vigente, sino ante la vulneración sistemática de derechos”, afirmó, señalando que la legislación actual garantiza el acceso a prestaciones, tratamientos y acompañamiento integral para personas con discapacidad.
Ríos también señaló que, en la práctica, el sistema ya presenta dificultades concretas, como “demoras en pagos, recortes en prestaciones, trabas administrativas y falta de actualización de aranceles”, lo que, según indicó, deja a miles de personas sin la atención necesaria. Estas problemáticas evidencian, a su juicio, la necesidad de fortalecer el sistema y no de implementar medidas que puedan profundizar sus falencias.
Otro aspecto central de sus cuestionamientos está relacionado con la relación entre empleo y pensiones. El funcionario municipal expresó su preocupación porque el esquema propuesto podría implicar la pérdida de beneficios al acceder a un empleo formal. “No hay verdadera inclusión posible si al incorporarse al sistema laboral se pierde la pensión”, sostuvo, y agregó que esta situación obliga a muchas personas a elegir entre trabajar o mantener un ingreso básico, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y autonomía.
Además, Ríos remarcó que la problemática debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos. “Esto no es solamente un tema técnico ni presupuestario. Es una cuestión de derechos humanos”, afirmó, y advirtió que cada ajuste o demora en el sistema impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, subrayó la necesidad de garantizar políticas públicas que aseguren la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Finalmente, el secretario expresó que “defender la discapacidad es defender una sociedad más justa” y concluyó: “Porque cuando una ley no se cumple, es el Estado el que abandona. Y eso no puede naturalizarse”. Estas declaraciones reflejan la preocupación por el futuro del sistema de atención a personas con discapacidad ante la posible aprobación del proyecto nacional.
APF
