El decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros de Salud, Guillermo Grieve, y de Gobierno, Manuel Troncoso, establece la intervención a partir de un informe de la Comisión Fiscalizadora Permanente de la Obra Social que reseñó una serie de “irregularidades”.
Este martes por la noche se conoció la renuncia del ahora ex presidente del Directorio de la obra social, Fernando Cañete.
¿Quiénes son los interventores? Gallegos viene de Buenos Aires. Durante el gobierno de Cambiemos y la presidencia de Mauricio Macri fue funcionario como coordinador del Plan Nacional de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social que entonces comandaba Carolina Stanley.
Más adelante, en enero de 2024 fue designado director representante del Municipio en la empresa Costanera de Zárate Sociedad Anónima, de participación estatal mayoritaria, designado en enero de este año por el intendente de dicha localidad bonaerense lindante con Entre Ríos, Marcelo Matzkin (PRO).
La subinterventora Alegre, por su parte, es la actual directora General de Recursos Humanos y Hospitalarios y Centros de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia. Integró, en los últimos años, la conducción del hospital Materno-Infantil San Roque de Paraná.
“Intervención imprescindible”
El expediente cuestiona contrataciones, erogaciones y acuerdos prestacionales no informados a la Comisión y la “reticencia” de las autoridades del Iosper a brindar información, cuyo acceso habrían “obstaculizado” a los miembros de la Comisión.
Los fiscalizadores mencionaron también el “envío fuera de tiempo de los informes financieros mensuales”, estimaron un déficit de 19.000 millones de pesos (un 14% del ingreso promedio mensual) y señalaron la demora en la entrega de prótesis y el retraso en el pago de los reintegros a afiliados.
Además, advirtieron por los gastos en procesos judiciales por “la demora significativa que se produce en el cumplimiento de las prestaciones” y observaron informes del Tribunal de Cuentas con “irregularidades” de pagos a empresas que habrían generado “un presunto perjuicio fiscal”.
“Ante el estado de situación descrito resulta imprescindible disponer la intervención del Iosper para normalizar su funcionamiento y garantizar la adecuada atención de la salud de los afiliados”, considera el decreto de intervención.
La normativa ordena la elaboración de auditorías contables, financieras, administrativas, presupuestarias y legales en la obra social.
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