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Dos obras sociales han sido declaradas en situación de crisis y se les ha otorgado un plazo para presentar un plan de contingencia

Se hace referencia a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo y Afines (OSPIF) y a la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut (OSTPyGP Chubut).

El Gobierno nacional ha declarado en estado de crisis a dos obras sociales, la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo y Afines (OSPIF) y la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut (OSTPyGP Chubut). A través de las resoluciones 174/2025 y 175/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud, se ha oficializado esta situación para ambas entidades, al tiempo que se les ha otorgado un plazo de 15 días corridos para presentar un plan de contingencia que aborde sus dificultades financieras actuales.

Para monitorear este proceso, se ha facultado a las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud. Se ha establecido que, en caso de ser necesario, se podrán interponer recursos de reconsideración y alzada, así como acciones judiciales de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Nº 1759/1972 y sus modificaciones.

El Gobierno argumenta que ambas obras sociales se encuentran en crisis debido a que, hasta el 31 de agosto de 2024, presentaron un factor de criticidad por encima del límite establecido por la normativa vigente. Las Gerencias del Comité serán responsables de seguir de cerca el proceso dentro de sus respectivas áreas de competencia.

Esta decisión llega apenas dos meses después de la intervención de la OSPIF por parte del Gobierno, a cargo de Mariano Luis Negro según el decreto 1118/2024. En ese momento, se hizo hincapié en el atraso significativo en presentaciones de balances, falta de control interno y uso irregular de cuentas bancarias del sindicato. Asimismo, se señaló que la obra social no garantiza el acceso a prestaciones de salud ni cumple con normativas específicas.

Por otro lado, se mencionó que la falta de prestadores contratados por la entidad ha llevado a un aumento de admisiones de beneficiarios en hospitales públicos, afectando principalmente a los monotributistas sociales, considerados la población más vulnerable del sistema de salud.

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