Entendemos que una medida de ese tipo podría comprometer gravemente la capacidad del INTA para desarrollar ciencia y tecnología aplicadas al agro, y poner en riesgo su histórico rol en el fortalecimiento del sector agropecuario y de las economías regionales.
El INTA es un actor clave para la innovación, la mejora de la productividad, el cuidado del ambiente y la vinculación territorial. Su extensa red de trabajo, con presencia en todo el país, ha sido fundamental para acompañar a productores, comunidades rurales, cooperativas y centros educativos.
Creemos que es necesario modernizar el Estado y sus organismos, incluyendo al INTA, para que sean más eficientes y respondan mejor a los desafíos actuales. Pero cualquier transformación debe preservar su autonomía técnica y su capacidad operativa, evitando decisiones que puedan debilitar su misión o desarticular sus estructuras de trabajo.
Por eso, solicitamos a las autoridades nacionales que reconsideren cualquier medida que afecte el funcionamiento del INTA y garanticen su continuidad institucional, resguardando el valioso capital humano y el conocimiento que el organismo ha construido a lo largo de décadas en beneficio del país.
