Alberto Fernández informó ayer que la cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los 7000 puestos de trabajo. Gabriel Delgado será el interventor. El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación, que declarará a la compañía de "utilidad pública".
El gobernador de la provincia se manifestó al respecto a través de twitter, defendiendo la medida del presidente.
"La decisión de Alberto Fernández de intervenir el Grupo Vicentín y enviar al Congreso una ley de expropiación, es estratégica. Una medida acertada en torno a una empresa clave que ha sido financiada mayoritariamente con el esfuerzo de todos los argentinos", destacó Bordet.
Además, agregó que "La gerenciación estatal de una de las más grandes operadoras de granos del país permitirá ejercer un rol testigo en el comercio de granos, avanzar en materia de soberanía alimentaria, operar en el mercado cambiario y garantizar los 7.000 puestos de trabajo hoy en peligro".
