El Gobierno nacional anunció que presentará una apelación contra el fallo emitido por el Juzgado Federal de Campana, que ordenó la puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2025. La apelación será elevada a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la cual deberá revisar la resolución dictada por el juez Adrián González Charvay.
Desde la administración central, se argumenta que el fallo implica una “invasión” a las facultades del Poder Ejecutivo para administrar el presupuesto y organizar las finanzas públicas. El Gobierno sostiene que la aplicación inmediata de la ley, sin contar con asignaciones presupuestarias específicas, podría poner en riesgo el equilibrio fiscal y afectar la ejecución de otros programas prioritarios para el Estado.
La decisión judicial fue consecuencia de un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, respaldados por diversas organizaciones del sector. Los demandantes sostuvieron que la suspensión de la ley, derivada del decreto presidencial, dejó a miles de personas sin cobertura y agravó la crisis en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
En su fallo, el juez González Charvay declaró que el artículo 2 del DNU 681/2025 es “inválido en todos sus aspectos” por contradecir el procedimiento constitucional establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Además, señaló que el Ejecutivo excedió sus facultades al intentar suspender una ley que ya había sido ratificada por el Congreso.
Un aspecto clave del fallo es el financiamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El magistrado destacó que la Jefatura de Gabinete realizó más de 19 reasignaciones presupuestarias desde diciembre de 2023 y que esa herramienta podría haberse utilizado para implementar la ley, a pesar de que el presupuesto para 2026 no incluía partidas específicas para ese fin.
El Gobierno rechazó esta interpretación y defendió su posición, señalando que la aplicación de la ley requiere un respaldo financiero definido por el Congreso. Advirtieron que reasignar fondos sin un marco legal adecuado podría generar un desequilibrio fiscal insostenible. Además, indicaron que la resolución judicial no considera las limitaciones presupuestarias actuales.
(Fuente: TN)
