El Gobierno nacional continúa con el proceso para consolidar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y habilitó modificaciones en la Ley de Inteligencia. Este decreto fue ingresado formalmente en ambas cámaras del Congreso de la Nación para su análisis y eventual aprobación.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, ingresó hoy por mesa de entrada en el Senado, luego de haber sido presentada ayer en Diputados. Según el procedimiento legislativo, existe un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo lo trate; sin embargo, dado que dicha comisión aún no está conformada, recién el 29 de enero las cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.
La normativa establece que para derogar un DNU, ambas cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con un decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. Esto implica que el Gobierno puede concentrar sus esfuerzos en una sola cámara para garantizar la vigencia de la reforma impulsada por Milei, tal como sucedió con el DNU 70/2023 sobre la reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero no llegó a ser tratado en Diputados por falta de apoyo opositor.
El decreto busca reorganizar la estructura de todas las áreas de inteligencia, creando nuevas agencias, dejando sin funciones a otras y unificando tareas para optimizar el intercambio de información. En este marco, se redefinen las competencias institucionales, limitando a la Agencia de Seguridad Nacional exclusivamente a tareas de contrainteligencia y eliminando organismos redundantes como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Fuentes oficiales consultadas por Infobae aclararon que el decreto no modifica la conducción actual de la SIDE, que continuará bajo el mando de Cristian Auguadra como titular, con Diego Kravetz como segundo al mando. Auguadra tiene una trayectoria dentro de la estructura de inteligencia y llegó a la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos, donde fue reemplazado por Diego Enrique Valdiviezo.
En el comunicado oficial se destacó que el decreto “permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”. Además, se subrayó que los cambios responden “a los más altos estándares democráticos y republicanos”.
Desde distintos sectores de la oposición política surgieron cuestionamientos y dudas sobre la reforma, y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia solicitará informes a la Casa Rosada. A pesar de las críticas, al tratarse de un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para mantener su plena vigencia.
Uno de los puntos más controvertidos señalados por la oposición es la autorización para que el personal de inteligencia pueda realizar aprehensiones de personas bajo supuestos expresamente delimitados. También cuestionaron que una reforma de esta naturaleza se haya realizado mediante decreto, sin un contexto de “necesidad y urgencia”, y reclamaron que el DNU sea tratado de inmediato en el Congreso.
En este contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante los presidentes de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, para que se conformen dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo. La primera tiene a su cargo el monitoreo de las actividades de los organismos de inteligencia, mientras que la segunda determina la validez de los decretos presidenciales.
Fuentes oficialistas consultadas por Infobae indicaron que parte de la estrategia será no conformar esas comisiones durante el receso legislativo y utilizar los tiempos reglamentarios para extender el debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición deberá esperar a que se cumplan los plazos mínimos establecidos por la ley que regula los DNU.
La oposición está cerca de reunir el quórum necesario para convocar a una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas, 4 de la Izquierda y algunos legisladores “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. En total, contarían con 121 votos, aunque necesitarán al menos ocho apoyos adicionales.
Como en la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadores y del radicalismo será decisiva para inclinar la balanza. Hasta el momento, los radicales han mantenido un silencio absoluto sobre el tema, mientras que desde el PRO se expresaron a favor de la medida mediante un comunicado oficial.
