Tres días antes de las elecciones y en cumplimiento de una medida cautelar judicial, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) anunció que restituirá todas las pensiones suspendidas durante las auditorías realizadas. Esta decisión fue comunicada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), una de las partes demandantes, en el marco de una acción de amparo colectiva iniciada en Catamarca y extendida a nivel nacional. Sin embargo, el proceso de auditoría implicó un gasto millonario: el Ministerio de Salud destinó casi $23 mil millones en el envío de cartas documento para llevar adelante estas revisiones, un dinero que ahora se reconoce como perdido, al igual que la atención médica que dejaron de recibir quienes tuvieron sus pensiones suspendidas durante meses.
Gladys, una mujer de 45 años que perdió su pierna izquierda en un accidente y percibía una pensión desde 1998, relató a PERFIL que desde agosto no recibe respuesta sobre la reactivación de su beneficio. “Hace 3 meses fui a Andis, llevé todos los estudios médicos y me dijeron que me van a habilitar la pensión de nuevo, pero que eso iba a tardar entre tres y cuatro meses”, explicó. Mientras tanto, sobrevive vendiendo milanesas y con la ayuda de sus hermanos, ya que no cuenta con cobertura médica ni ingresos por la pensión suspendida.
PERFIL consultó al Ministerio de Salud y a la vocería presidencial, responsable de comunicar los resultados de las auditorías a través de Manuel Adorni, sobre si se había previsto alguna compensación para quienes perdieron la cobertura de salud y cómo se verificará la restitución efectiva de todas las pensiones suspendidas. Hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta oficial. Desde la cartera que dirige Mario Lugones informaron que el aumento presupuestario para “correos y telégrafos” –que pasó de $126 millones a $30.126 millones– se debió al envío masivo de cartas documento para auditar las pensiones no contributivas. Según datos oficiales, ya se comprometieron $22.973 millones para este concepto, de los cuales se ejecutaron casi $8.000 millones.
La medida cautelar ordena no solo restituir las pensiones, sino también “devolver los haberes retenidos hasta la fecha, es decir, los que no se hubieran cobrado desde la suspensión”, explicó Belén Arcucci, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de Acij. Además, la Justicia dictaminó que no se dispongan nuevas suspensiones. Sin embargo, la coordinadora advirtió que “no sabremos si habrá pago retroactivo hasta que las personas comiencen a cobrar efectivamente, ya que si el pago se realiza según el cronograma vigente de ANSES, habrá que esperar para confirmar si incluye los meses adeudados”.
El sistema de discapacidad atraviesa una crisis profunda. La ley de emergencia en discapacidad, vetada inicialmente por el Ejecutivo y luego promulgada tras el rechazo del Congreso, aún no se aplica porque el Gobierno condiciona su implementación a que la Legislatura defina cómo se financiará. El 21 de septiembre, mediante la decisión administrativa 24/2025, se amplió el presupuesto de Andis en $121.363 millones para responder a reclamos de actualización de tarifas de prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de personas con discapacidad. Sin embargo, estos fondos no se liberaron ni ejecutaron hasta la fecha.
Alex Goldman, presidente de la Fundación IPNA, que trabaja por la inclusión social de personas con discapacidad intelectual, advirtió que si esta situación persiste, los fondos podrían regresar al Ministerio de Economía al cierre del año fiscal. Describió la situación como crítica, con alrededor del 20% de las instituciones de discapacidad en la provincia de Buenos Aires cerradas por quiebra y muchas otras endeudadas. “Las personas con discapacidad están muy preocupadas por su futuro y la incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos y apoyos para la inclusión social”, señaló.
Goldman también destacó que profesionales y transportistas vinculados al área de discapacidad están abandonando el sector debido a los bajos pagos y a la demora de 90 a 120 días en la recepción de sus honorarios. “El sistema, además de estar en emergencia, comienza a colapsar”, concluyó. La última reunión para tratar el tema de aranceles con organizaciones del sector fue suspendida por Andis. Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, relató que entregaron una nota al interventor Alejandro Vilches, quien se negó a recibirla alegando que “no trabaja bajo presión”. En la nota solicitaban la ejecución de los $121 mil millones presupuestados para actualizar las tarifas de los prestadores, pero Vilches indicó que la respuesta probablemente se postergará hasta después del 26 de octubre, fecha posterior a las elecciones.
