El Gobierno nacional ha cerrado de manera definitiva la planta de fabricación de billetes de Ciccone Calcográfica, la cual fue estatizada durante el gobierno kirchnerista tras el escándalo protagonizado por el ex vicepresidente Amado Boudou, quien fue condenado por adquirir la empresa a través de amigos y testaferros. Esta medida implica la desvinculación de 270 empleados, quienes por el momento han sido "dispensados" de sus labores.
Según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, se ha llevado a cabo el cierre de la planta ubicada en Don Torcuato, iniciándose el proceso de desmantelamiento de las instalaciones y la notificación al personal afectado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, agregó que se ha cerrado de forma definitiva la planta ex Ciccone, considerada un símbolo de la corrupción durante la gestión kirchnerista. Además, señaló que el Estado Nacional dejará de producir billetes, lo que representará un ahorro anual de 5.040 millones de pesos para los argentinos.
Respecto a los trabajadores de la empresa, Caputo indicó que los 270 empleados serán dispensados temporalmente hasta definir las medidas a seguir. Asimismo, informó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado subastará el inmueble, el cual contiene una bóveda utilizada para almacenar billetes por destruir, que anteriormente pertenecía al Banco Central de la República Argentina.
En relación a la maquinaria de Ciccone, se mencionó que las máquinas necesarias para la producción de chapa patente serán trasladadas a los depósitos de Retiro, mientras que otras serán retiradas, incluyendo la maquinaria importada utilizada para la fabricación de billetes.
Recordando las razones de la expropiación en 2012, Caputo destacó que la empresa fue tomada por el Estado Nacional durante la gestión de Amado Boudou, quien entonces ocupaba el cargo de Vicepresidente. Finalmente, el ministro subrayó que, debido al caso de corrupción que rodea a esta operación y a la relación costo-beneficio más favorable de comprar billetes a proveedores internacionales, no es necesario que la empresa permanezca en manos del Estado.
