El interventor del Iosper, Mariano Gallegos, confirmó que el Tribunal de Cuentas de la provincia remitió al Procurador General, Jorge García, la documentación relevada por la Comisión Fiscalizadora de la obra social, con el objetivo de que el Ministerio Público Fiscal determine si existieron delitos penales en el manejo del organismo.
"La intervención fue dispuesta en diciembre y desde entonces se realizó un relevamiento exhaustivo que permitió detectar irregularidades muy graves, especialmente en el circuito de provisión de prótesis. Allí se presume una connivencia entre prestadores y autoridades del Iosper, mediante la cual se beneficiaba a los primeros en claro perjuicio de la obra social. Tal como lo prometimos, toda esa información ya está en manos de la Justicia, que será la encargada de determinar ante qué tipo de delito se está, y juzgar a los responsables", explicó Gallegos.
