Este domingo, Perú celebrará elecciones presidenciales en un escenario marcado por dos grandes desafíos: un aumento sin precedentes de la criminalidad y una fragmentación política que dificulta la aparición de liderazgos claros y consensos estables. Los electores deberán elegir entre 35 candidatos, una cifra récord que refleja la dispersión del panorama político, sin que ninguno cuente con una ventaja decisiva en las encuestas.
Además, este proceso electoral incluye un cambio institucional significativo: por primera vez en más de treinta años, Perú contará con un Congreso bicameral compuesto por 130 diputados y 60 senadores. La nueva cámara alta tendrá atribuciones clave, como la designación de organismos de control y la facultad de destituir al presidente, sin estar sujeta a la disolución por parte del Ejecutivo, lo que podría modificar el equilibrio de poderes en el país.
La elección se desarrolla en un contexto de crisis política persistente. En la última década, Perú ha tenido ocho presidentes y tres Congresos, un nivel de inestabilidad que supera ampliamente lo esperado en un sistema con mandatos de cinco años, evidenciando tensiones estructurales entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En cuanto a la competencia electoral, las encuestas sitúan a Keiko Fujimori, candidata de derecha e hija del expresidente Alberto Fujimori, al frente con cerca del 15% de intención de voto. Esta es su cuarta postulación presidencial y centra su campaña en la seguridad ciudadana, proponiendo medidas como el despliegue de las Fuerzas Armadas, la construcción de nuevas cárceles y un conjunto de acciones para recuperar el control territorial frente a la delincuencia.
Fujimori también busca fortalecer la confianza del sector privado mediante el impulso a proyectos mineros demorados, valorados en aproximadamente 60.000 millones de dólares, la formalización de la minería informal y la expansión de la infraestructura de riego para potenciar la agroexportación.
Detrás de Fujimori, un grupo de cinco candidatos se encuentra separado por menos de cinco puntos porcentuales. Entre ellos destacan los exalcaldes de Lima Ricardo Belmont, con un perfil nacionalista y propuestas para renegociar contratos de recursos naturales, y Rafael López Aliaga, empresario que promueve créditos para pequeñas y medianas empresas a través de la banca estatal.
También compiten Carlos Álvarez, figura del espectáculo que propone medidas controvertidas como la salida de Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos y la reinstauración de la pena de muerte para sicarios; Jorge Nieto, exministro de Defensa, que promete resolver la inseguridad en “no más de un año”; y Alfonso López Chau, exdirector del Banco Central, quien apuesta por depurar la policía y combatir las finanzas del crimen organizado con herramientas tecnológicas.
La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los peruanos y marca el eje de muchas campañas. En términos económicos, Perú llega a las elecciones con una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3%, impulsada por el precio del cobre, y una inflación anual cercana al 2%, una de las más bajas de la región. Sin embargo, el costo de la inseguridad ya representa un impacto significativo: equivale al 1,7% del PBI, unos 5.000 millones de dólares anuales según el Ministerio de Economía, actuando como un impuesto indirecto que afecta tanto el consumo como la inversión.
Las cifras delictivas son alarmantes. En los últimos cinco años, las denuncias por extorsión se quintuplicaron y los homicidios se duplicaron. La presencia de organizaciones criminales extranjeras ha introducido nuevas modalidades y focos de violencia, mientras que la expansión de economías ilegales como la minería clandestina y el narcotráfico ha consolidado zonas con escasa presencia estatal.
Las propuestas de campaña reflejan esta realidad. Fujimori plantea reforzar el control de fronteras y cárceles con apoyo militar, mientras López Aliaga propone construir una prisión en la Amazonía con condiciones extremas para evitar fugas. Álvarez busca replicar modelos de seguridad de países como El Salvador, Dinamarca y Singapur, y Belmont apuesta por fortalecer la red de atención inmediata a víctimas de delitos.
Con un panorama tan fragmentado, el resultado más probable es una segunda vuelta electoral. Ningún candidato aparece en condiciones de superar el 50% de los votos válidos requeridos para ganar en primera instancia, por lo que el balotaje previsto para el 7 de junio será decisivo para definir al próximo presidente.
Las autoridades electorales han informado que los resultados finales estarán disponibles el jueves 16 de abril, luego de computar las actas provenientes de las zonas rurales más alejadas y del voto en el exterior. Mientras tanto, Perú se prepara para una elección que, más que ordenar el mapa político, podría profundizar la fragmentación existente, según publicó Ámbito.
