Las empresas de medicina prepaga ya han informado a sus usuarios sobre los próximos aumentos que se implementarán en enero, los cuales nuevamente superarán la tasa de inflación. En medio de las acusaciones del gobierno por presunta cartelización, las compañías de salud privada han decidido aumentar los planes en un rango que va del 3% al 3,9% durante el primer mes del año, mostrando una tendencia a la baja en comparación con los ajustes aplicados en diciembre.
Recientemente, las empresas de prepagas han comenzado a notificar a sus afiliados sobre los nuevos incrementos, tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor de noviembre por parte del INDEC. Destaca que la empresa Medicus se ha adelantado comunicando el ajuste de enero con antelación. Estas notificaciones llegan en un momento clave, marcado por la confirmación del Gobierno sobre la imputación de siete prepagas por cartelización, según la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Para justificar los incrementos, los representantes del sector de las prepagas argumentan que los costos de la salud superan el promedio de precios. Al menos cinco grandes empresas han informado a sus afiliados sobre los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero, indicando que las cuotas subirán entre un 3% y un 3,9% dependiendo del plan y la empresa. Se destaca la necesidad de la suba en los aranceles para garantizar el servicio, e informan que en algunos casos, la actualización también se aplicará a los copagos de acuerdo al plan de salud y la firma.
Por su parte, el gobierno ha anunciado este jueves la imputación por supuesta cartelización a las empresas de medicina prepaga. En consecuencia, las compañías tendrán 20 días para presentar sus descargos y definir la estrategia para rechazar las acusaciones del Ejecutivo. Entre las firmas imputadas se encuentran Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, así como la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio se especifica que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) establecerá un plazo de hasta 90 días hábiles para la presentación de pruebas, con la posibilidad de solicitar una prórroga de 90 días hábiles adicionales si fuera necesario. Posteriormente, las partes imputadas dispondrán de seis días hábiles para presentar sus argumentos en defensa.
Asimismo, se detalla que, según el artículo 2 de la Ley de Cartelización, los cárteles de núcleo duro son considerados prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, caracterizadas por acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones y subastas.
En un caso previo en abril, el Gobierno había presentado una demanda ante la Justicia por la presunta cartelización de las empresas, debido a los constantes aumentos en las cuotas que se habían registrado todos los meses del año tras la decisión de Javier Milei de no intervenir en los precios.
