La normativa prohíbe la captura del dorado, en todas sus variantes, con propósitos comerciales, así como su almacenamiento, venta, posesión y transporte en todo el territorio provincial. Sin embargo, se autoriza la pesca en actividades deportivas con la obligación de devolución, y la practicada por residentes costeros para su propia alimentación y la de sus familias, junto a la realizada por pescadores artesanales para consumo familiar o venta directa al público, siempre y cuando se respeten las medidas de protección de la especie.
“Esta ley es una herramienta importante de promoción del empleo privado, a través de la pesca deportiva. Tenemos que fijar las reglas para que las técnicas sean las indicadas”, definió el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo al conocer el resultado de la votación.
En esa línea, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, sostuvo que “esta sanción expresa un gran paso hacia adelante en preservación del recurso natural y potencia una industria importante de Entre Ríos, como la turística. Es un avance en diversos sentidos”.
El funcionario también agregó que la medida “ubica a Entre Ríos con el mismo estatus de otras provincias en relación a la especie y se resguarda a la pesca artesanal, que involucra a los pobladores ribereños que viven de la pesca. Ahora se impone avanzar en educación”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Cultura y Turismo de la Cámara Baja provincial Mauro Godein, fundamentó que el proyecto “busca poner en consonancia a Entre Ríos con lo que pasa en las provincias vecinas de la Cuenca del Plata”, y resaltó que el dorado “es una especie que últimamente se ha visto amenazada por la depredación”, y que está “en retroceso”.
El objetivo principal del gobierno es la conservación del dorado en todas sus especies, considerando su importancia ecológica y económica, ante la amenaza de la pesca indiscriminada y la degradación de su hábitat. La ley se justifica en la necesidad de regular la pesca del dorado para asegurar su supervivencia a largo plazo, complementando la legislación nacional y respondiendo a las tendencias mundiales de conservación.
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