España ha decidido no autorizar el uso de su espacio aéreo nacional a las aeronaves estadounidenses que participen en la guerra en Irán, incluyendo aquellas desplegadas en países aliados cercanos como Reino Unido y Francia. Esta medida, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que está vigente desde el comienzo del conflicto, busca dejar claro que España no apoyará operaciones militares relacionadas con esta guerra.
Robles explicó que desde el primer momento se comunicó de forma clara a las fuerzas armadas estadounidenses que no se permitiría ni el uso de bases españolas ni el tránsito por el espacio aéreo para acciones vinculadas a la guerra en Irán. Esta postura se mantiene firme y forma parte de la política del Gobierno para evitar cualquier implicación directa en el conflicto.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista con la Cadena Ser, señaló que esta decisión responde a la posición del Ejecutivo español de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de forma unilateral y contraria al Derecho internacional. Asimismo, destacó que las empresas españolas continúan operando en Estados Unidos bajo las mismas condiciones que otras europeas y que el Gobierno busca fortalecer las relaciones bilaterales, anunciando la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston para apoyar a las compañías españolas en su establecimiento en el mercado estadounidense.
Esta política de España se ha ido endureciendo desde el inicio del conflicto, que comenzó el 28 de febrero tras una ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. El Gobierno de Pedro Sánchez ha calificado esta intervención como ilegal por carecer del respaldo de organismos internacionales como la ONU, la OTAN o la Unión Europea, y ha rechazado cualquier participación directa en operaciones ofensivas.
El 2 de marzo, apenas días después de los primeros bombardeos, España rechazó explícitamente cualquier participación militar en los ataques y se distanció de países como Francia, Alemania y Reino Unido, que en ese momento consideraban acciones coordinadas con Washington. Ese mismo día, España prohibió el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas, lo que obligó a Estados Unidos a retirar más de una decena de aviones cisterna clave para el reabastecimiento en vuelo. Esta decisión se apoyó en el convenio bilateral de defensa de 1988, que reconoce la soberanía española sobre estas instalaciones y permite limitar su uso en situaciones de conflicto bélico.
El 3 de marzo, España canceló su participación en maniobras militares en Estados Unidos como un gesto adicional de distanciamiento. En el ámbito diplomático, el Gobierno elevó el tono en los días siguientes, calificando los ataques como una acción unilateral fuera del derecho internacional y reclamando el retorno a la vía negociadora. En esta línea, el 11 de marzo decidió retirar a su embajador en Israel como señal de protesta por la escalada del conflicto.
El presidente Pedro Sánchez ha aprovechado esta coyuntura para reafirmar el lema socialista de ‘No a la guerra’ como eje central de la estrategia política de su partido. En sus intervenciones públicas, ha insistido en que España no contribuirá a una escalada bélica y ha defendido que cualquier acción militar debe contar con el respaldo de la ONU para ser legítima. Sánchez ha subrayado en varias ocasiones que la negativa a permitir el uso de bases responde a una decisión coherente con esta línea política, asegurando que España no facilitará “ningún tipo de apoyo logístico que pueda ser interpretado como participación en la ofensiva”.
