Diputados nacionales del PRO están impulsando un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como ley de etiquetado frontal. Se trata de una iniciativa del santafesino Alejandro Bongiovanni y la porteña Daiana Fernández Molero, legisladores que argumentan que la normativa sancionada en diciembre de 2021 "no ha servido más que para confundir a consumidores y entorpecer el comercio internacional de productos argentinos".
"Vamos a derogar la Ley de Etiquetado Frontal. Es una mala ley, excesivamente paternalista que no sirve, no te informa. Porque si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello. Este es el Estado tratando al consumidor no solo como un niño, sino como un niño medio idiota", afirman ambos diputados en un video difundido en la red social X.
El texto del proyecto en cuestión plantea que su finalidad es "la restitución de la libertad de productores y consumidores de alimentos, mediante la derogación del Régimen de Etiquetado Frontal ley N° 27.642, cuyos objetivos se cumplen de modo más eficaz con la normativa ya vigente en el Código Alimentario en relación a rotulado, comercialización e información".
Pero, según la mirada de especialistas, las críticas en contra del etiquetado frontal son infundadas y no reflejan los efectos que tuvo si implementación. Así lo afirma Ignacio Porras, licenciado en nutrición y director ejecutivo de la Fundación Sanar, dedicada a promover políticas públicas en materia de salud y que se destacó por ser una de las organizaciones impulsoras del entonces proyecto de ley.
En diálogo con Punto Medio (Radio 2), Porras se refirió a lo expuesto por los legisladores en su video y apuntó que se mencionan "argumentos que ya se rebatieron hace cuatro años".
Enfocándose en el punto que refiere a los supuestos problemas que surgieron con socios comerciales a partir de la implementación del etiquetado, recordó que "cuando un país comercializa productos, sean importados o de producción nacional, los comercializa respetando las normativas vigentes" en el país al que exporta.
"Si Argentina produce con etiquetado frontal, al momento de exportar alimentos a socios comerciales como Brasil o Uruguay, los va a enviar cumpliendo la legislación de cada uno de esos países", agregó. Es decir que se envían productos con los etiquetados correspondientes según cada legislación.
También se refirió a la calificación de "ley paternalista", y a la afirmación de que se subestima a los consumidores, sobre lo cual apuntó: "Las estadísticas mostraban que solamente el 13% de la población argentina leía y entendía el etiquetado de los productos antes de que se implementara el etiquetado frontal".
Al respecto, señaló que "mucha de la información estaba oculta en los pliegues de los paquetes", y sumó: "Más de un hipertenso agradece ver los sellos adelante, porque muchos productos ocultaban el contenido de sodio, se vendían como saludables con empaquetados verdes y eran comprados por personas que ya cargaban con al menos una enfermedad crónica".
Porras remarcó que "los estudios que se publican hoy muestran que hay una fuerte aceptación de la ley" y que se trata de "una herramienta que la gente utiliza". A su vez, aclaró que no impone condiciones por las cuales "se sacan productos de la góndola", sino que brinda "información sencilla para que la decisión del consumidor sea verdaderamente libre".
Por otro lado, indicó que no es cierto que las empresas "no se pueden sacar de encima los octógonos", como afirman Bongiovanni y Fernández Molero. "Es contradictorio, porque en la televisión vemos publicidades de productos que se venden como libres de sellos. Ese es el resultado de la ampliación de la cartera de productos, con alternativas que no tienen exceso en nutrientes críticos, o bien de la reformulación de algunos", explicó.
El licenciado en nutrición ejemplificó ese punto mencionando que "la empresa láctea más importante del país sacó toda una línea de productos libre de sellos", y que también "hay productos enlatados que se han empezado a pasteurizar para eliminar el sodio que antes se usaba como preservante".
Aclaró, además, que "la ley no obliga a que las empresas reformulen" porque "pueden vender el ultraprocesado que quieran", y enfatizó que "lo único que exige es que se informe al consumidor para que pueda elegir libremente".
Por último, concluyó: "No hay problema en revisar la ley, siempre que sea en base a evidencia y libre de conflictos de intereses. Hasta el momento, no existe una sola publicación científica que diga que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable no sirve".
Sobre este tema también fue consultada Silvia Lapertosa, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes, quien advirtió que si la derogación se vuelve oficial representará "un papelón a nivel internacional". "Argentina es un ejemplo por la aplicación de la ley de etiquetado frontal para preservar la salud de su población", explicó, y añadió que llegado el caso "ganarían las empresas alimentarias en cuanto a su generación de riqueza".
