La Jueza de Familia N° 4 de Paraná, María Victoria G. Andrián, dictó el 19 de septiembre un fallo histórico para Entre Ríos al determinar que el piso para la cuota alimentaria que debe pagar un progenitor ausente e incumplidor a su hija de 10 años será el 100% del Índice de Crianza (IC), un indicador mensual elaborado por el Indec. Esta decisión representa un cambio significativo en la forma de calcular la cuota alimentaria en la provincia, incorporando además una perspectiva de género integral. La sentencia fue obtenida por Diana Deharbe, doctora en Comunicación, docente y becaria, tras un largo proceso judicial acompañado por los abogados Andrea Saxer y Gabriel Borgetto.
En su pronunciamiento, la jueza Andrián señaló que “la cuestión no puede ser abordada de forma aislada ni meramente patrimonial, sino que exige una lectura integral del derecho de familia contemporáneo, en diálogo con el marco normativo interno y supranacional, en especial cuando (como en este caso) confluyen factores de vulnerabilidad social, la presencia de una niña con necesidades básicas insatisfechas, y antecedentes de violencia de género contra la madre, que no pueden ser soslayados”.
El fallo abandona el uso del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) como referencia para fijar la cuota alimentaria, monto que la jueza calificó como “más que insuficiente y seriamente discutido”. En cambio, reivindica el Índice de Crianza, una herramienta creada por el Ministerio de Economía y presentada el 8 de marzo de 2023, que calcula el costo mínimo de vida de un hijo o hija considerando no solo bienes y servicios básicos, sino también el valor real de las horas de cuidado. Este índice busca reflejar con mayor precisión los gastos reales y evitar la necesidad de demostrar costos mediante tickets en demandas judiciales.
Diana Deharbe explicó que, hasta este fallo, la práctica judicial en Entre Ríos solía establecer la cuota alimentaria en base al SMVM, con montos que oscilaban entre el 30% y el 50% de ese salario. Con la nueva medida, el piso mínimo pasó de 322.000 pesos a 548.636 pesos mensuales, actualizables mes a mes, lo que calificó como una medida “extraordinaria”.
Además, la jueza reconoció que la cuestión alimentaria “no puede ser abordada de forma aislada ni meramente patrimonial”, y destacó la importancia de contextualizar el abandono afectivo, económico y parental en el marco de la violencia de género sufrida por la madre. Deharbe relató que, desde la separación de hecho hace más de ocho años, ha sufrido violencia de género y económica, asumiendo de manera unilateral todas las responsabilidades de crianza.
Deharbe, quien también forma parte de la Comisión Directiva de Monomarentales Argentina (MA) como tesorera y fue la primera activista en organizar un Tendedero de Deudores Alimentarios en Entre Ríos, expresó que la sentencia le genera “una pizca de justicia, una mezcla extraña de satisfacción con decepción”. Aunque celebró que se haya fijado el 100% del Índice de Crianza como piso, advirtió que el problema de fondo persiste. Señaló que el IC no contempla el costo de los alquileres, un gasto fundamental dado que la mayoría de las mujeres en su situación no cuentan con vivienda propia ni empleos estables. Además, manifestó preocupación por la posible inejecutabilidad de la deuda, ya que el deudor es monotributista y los mecanismos existentes, como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RADAM), son “maquillaje que no resuelven el problema de fondo”.
La activista criticó también el proceso judicial, calificándolo de “agonía”, y destacó la contradicción de que las mujeres deban pagar sellados, tasas judiciales o endeudarse para notificar al deudor, lo que facilita la impunidad. “Al final del día, la única persona adulta que sigue velando por una crianza en condiciones dignas de mi hija soy yo”, afirmó.
Deharbe consideró su lucha como política y lanzó un llamado urgente al Poder Judicial y a la sociedad. El equipo jurídico que la acompañó coincide en que Entre Ríos necesita una nueva ley de alimentos. La asociación civil MA aspira a ser un referente para diseñar políticas públicas de cuidado centradas en las infancias y en las madres cuidadoras.
Para lograr un cambio estructural, plantean la necesidad de una nueva ley de alimentos a nivel nacional que implemente el Índice de Crianza, establezca procesos judiciales más ágiles y menos costosos, y brinde mayor capacitación con perspectiva de género al Poder Judicial. Proponen que el proceso de alimentos deje de ser considerado un “conflicto de partes” privado y se reconozca como un problema social de orden público. Además, reclaman una justicia restaurativa que condene y visibilice la violencia de género y vicaria, un cambio cultural para que la sociedad, especialmente los varones, rompa el pacto de silencio y condene a los deudores alimentarios, así como avances legislativos que penalicen el abandono paterno y reconozcan el cuidado como un derecho humano en la normativa del país.
“Si queremos avanzar, la sociedad tiene que empezar a condenar al adulto varón que abandona a su buena suerte a sus hijas e hijos, condenando a la mujer a la pobreza y la exclusión”, concluyó Diana Deharbe.
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