La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se ve envuelta en un nuevo escándalo de gran envergadura. Este organismo argentino-paraguayo encargado de la gestión de la hidroeléctrica acumula una larga lista de conflictos pendientes que se convierten en oportunidades de negocios con la llegada de nuevas autoridades. En una ocasión, Carlos Menem llegó a afirmar que Yacyretá era un "monumento a la corrupción", poco después de asumir la presidencia en abril de 1990.
Recientemente, se descubrió que los funcionarios argentinos contrataron un servicio de consultoría externa por un valor de USD 40,000 para llevar a cabo una auditoría sobre una de las múltiples deudas que tiene la hidroeléctrica. Lo alarmante es que no es la primera vez que se contrata a una consultora para llevar a cabo la misma auditoría.
El abogado Díaz Bobillo se encargó de gestionar la propuesta de honorarios por los servicios solicitados a las autoridades de la empresa. Además, designó a Juan Manuel Carassale, quien anteriormente había sido colaborador de Juan José Aranguren, exministro de Energía.
Yacyretá nació con problemas desde sus inicios, con décadas de sobreprecios, obras interrumpidas, licitaciones polémicas, retornos indebidos y más. La central hidroeléctrica se presupuestó inicialmente en USD 1,800 millones, pero terminó costando entre USD 11 mil y USD 1,000 millones al completarse en 2011.
En cuanto a sus conflictos actuales, la contratación de consultoría externa responde a una disputa que se originó en la década de 1990, cuando la empresa ERIDAY cobró USD 2,000 millones por reembolsos indebidos. A pesar de las acusaciones, los acusados fueron absueltos el año pasado.
El actual presidente de la EBY del lado argentino, Alfonso Peña, está estrechamente ligado a Mauricio Macri. Peña fue compañero de Macri en el Cardenal Newman y trabajó en Mirgor, empresa de Nicolás Caputo. Un aspecto relevante es la contratación de Lamboglia, también muy cercano al partido de Macri, para ocupar el cargo de director de asuntos jurídicos en Yacyretá.
En resumen, Yacyretá enfrenta un histórico de conflictos que se han traducido en problemas financieros y disputas legales, lo cual refleja un panorama turbio en su gestión.
