El gobierno argentino presentó un escrito solicitando a la justicia estadounidense suspender el fallo de la jueza Loretta Preska. Esta decisión obligaba al país transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera.
En el escrito presentado se argumentó sobre el daño irreparable que causaría esta decisión, solicitando la suspensión del fallo, la imposibilidad de expropiar las acciones y la necesidad de involucrar al Congreso en decisiones de esta magnitud.
Además de la suspensión de la entrega de acciones, se pidió una medida provisional mientras la Cámara analiza una potencial mayor protección formal.
Desde el Gobierno confirmaron que la apelación se presentará en los próximos días. En el proceso están involucrados la secretaria Legal y Técnica Mará Ibarzaba Murphy y el procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
Fuentes cercanas al caso YPF consideran deseable que el Gobierno negocie con los fondos demandantes, aunque esto requeriría autorización del Congreso, donde el oficialismo tiene una posición desfavorable.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno está trabajando en la apelación, argumentando que la sentencia es legalmente inviable por contradecir la Ley 26.741 y desconocer la inmunidad soberana.
