El dirigente justicialista, Guillermo Michel, expresó a través de su canal en la red social X y luego de la publicación del decreto del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) por el cual se actualizan las tarifas de electricidad para reflejar los nuevos costos mayoristas que “la política tarifaria del gobierno provincial es un freno para el desarrollo productivo. Las tarifas eléctricas en Entre Ríos han alcanzado niveles desproporcionadamente altos en comparación con otras provincias argentinas, afectando gravemente el poder adquisitivo de los hogares y la competitividad de los sectores productivos y comerciales”.
Seguidamente, sostuvo: “La energía generada en la represa de Salto Grande es vendida a la Nación a 12 USD/MWh, pero los entrerrianos debemos pagar la energía de vuelta a la Nación a 65 USD/MWh. A esto se le suma el alto Valor Agregado de Distribución (VAD) que ha sido fijado por el gobierno provincial en el orden de 138 USD/MWh, llevando el precio final de la electricidad a 203 USD/MWh, ubicando la tarifa final en similar situación que se encuentra por ejemplo en Punta del Este, Uruguay”.
Asimismo, el ex funcionario nacional comparó el costo de distribución fijado en Entre Ríos con el de otras provincias del país.
“Para evidenciar la desproporción en el costo de distribución de la energía (denominado “VAD”) que fijó el gobierno de Frigerio en Entre Ríos, es fundamental compararlo con otras provincias:
Formosa (REFSA): VAD de 59 USD/MWh.
Santiago del Estero (EDESE): VAD de 77 USD/MWh.
Buenos Aires (Interior): VAD promedio de 87 USD/MWh.
Entre Ríos (ENERSA): VAD promedio de 138 USD/MWh.
Mientras que en otras jurisdicciones el costo de distribución (VAD) es significativamente menor, en Entre Ríos el sobrecosto en la factura de electricidad deteriora el ingreso de los hogares con el consecuente impacto en el consumo local, frena la inversión, encarece los bienes y servicios, reduce las ventas y dificulta la generación de empleo”.
“La energía es el motor del crecimiento económico y del desarrollo de las economías regionales. Una estructura tarifaria abusiva como la que se implementa en Entre Ríos sólo contribuye a la retracción del sector productivo, afectando a hogares, industrias, comercios y pymes. Menos inversión: las empresas enfrentan costos operativos más altos, disminuyendo su rentabilidad y capacidad de crecimiento. Menos empleo: la reducción de la actividad económica impacta en la generación de puestos de trabajo. Menos valor agregado: la producción regional se vuelve menos competitiva frente a otras provincias con costos energéticos más bajos y menos competitivos frente a los mercados de exportación. Menos consumo y comercio local, ante el deterioro del ingreso de los hogares”, manifestó.
Finalmente, Michel instó al gobierno provincial a adoptar medidas para revertir la situación: “Es urgente que el Gobierno Provincial revise la estructura tarifaria vigente y adecúe el costo de distribución de energía (VAD) a valores justos y razonables. Es imperativo que se adopten medidas que garanticen una tarifa justa y competitiva, permitiendo así el desarrollo económico de Entre Ríos”.
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