La polémica sobre el trámite que seguirá el proyecto de legalización escaló la semana pasada, con un nuevo choque entre promotores y detractores de la reforma. Como resultado de esas discusiones trascendió que la votación podría llevarse a cabo en la primera quincena de agosto, pero no se había anunciado la fecha exacta.
La polémica de la semana pasada giró en torno de la decisión de Gabriela Michetti de girar la iniciativa a cuatro comisiones, lo que fue señalado por los impulsores de la reforma como una maniobra dilatoria.
Para asegurarse de que el Poder Ejecutivo se mantendrá neutral, la diputada de Pro Silvia Lospennato, una de las promotoras de la iniciativa, se reunió con el presidente Mauricio Macri.
Macri no dio instrucciones. Solo transmitió su inquietud por la regulación de la objeción de conciencia, a partir de los reclamos de clínicas privadas que plantean la necesidad de incluir una cláusula institucional. Lospennato le respondió que en el artículo 13 del proyecto indica que en casos excepcionales (por ejemplo, en centros de salud donde todos sus profesionales sean objetores de conciencia), se contempla la derivación a otro establecimiento.
