La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina manifestó su respaldo al proyecto de nueva Ley Penal Juvenil que se está tratando en el Congreso de la Nación. En un comunicado enviado a nuestra redacción, la entidad destacó la importancia de contar con una norma que se ajuste a la realidad actual, ya que la legislación vigente se encuentra obsoleta.
Según el comunicado, “es necesaria una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región”. Además, señalaron que los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes evidencian las deficiencias del Estado y la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos.
La Alianza, que representa a 25.000 congregaciones cristianas en Argentina, afirmó que la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que aborden las causas sociales, económicas, educativas y familiares del problema. Subrayaron la importancia de intervenir tempranamente en la trayectoria delictiva, superando la mera sanción retributiva, y apuntando a la reinserción social de los jóvenes infractores.
Asimismo, advirtieron a los legisladores que debe ser una prioridad adaptar las instituciones y los espacios físicos donde serán alojados los niños, niñas y adolescentes, garantizando que no sean enviados a cárceles comunes. En este sentido, exigieron que el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, asegure los recursos presupuestarios necesarios para infraestructura, personal profesional y el acompañamiento de la sociedad civil, incluyendo la dimensión espiritual en el proceso de recuperación.
Por último, la Alianza enfatizó que, más allá de la legislación, es fundamental atender problemáticas sociales como la orfandad, el consumo precoz de sustancias y la desvalorización de la vida. Propusieron la implementación urgente de un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva educación preventiva en las escuelas. “Nuestra misión es velar por el bienestar del ser humano y el interés superior del niño, incluyendo a las víctimas. Sostenemos que la intervención legal en adolescentes debe entenderse como una medida de protección excepcional, orientada a su transformación y reintegración social mediante equipos interdisciplinarios y el acompañamiento espiritual”, concluyeron los pastores.
