La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó a varias empresas de medicina prepaga y al ex titular de la Confederación Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año.
Las compañías alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE y la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS). Además, imputaron a Claudio Belocopitt, quien ejercía el doble rol de presidente de Swiss Medical y de la UAS.
Según indicaron desde presidencia, la apertura de la investigación, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en virtud del aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024.
El vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, afirmó en su habitual conferencia de prensa, que las firmas imputadas tienen 20 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada.
Adorni recordó que en abril la Secretaría de Industria y Comercio dictó una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a diciembre 2023 y dictaminó que los aumentos no pueden superar la inflación.
En ese momento también se ordenó a las empresas del sector cesar con cualquier tipo de intercambio de información que implicara precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
Además, el vocero presidencial advirtió que, de comprobarse la cartelización, el Gobierno podrá multar a las empresas de medicina prepaga con hasta el 30% de su volumen de negocio o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.
El Vocero Presidencial Manuel Adorni reveló hoy que se detectaron ”severas irregularidades” con el usufructo de las viviendas que el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, especializado en la cura de la lepra.
El Vocero detalló que esas edificaciones, que se encontraron en condiciones muy precarias, “se alquilaban a los pacientes, y una vez que éstos fallecían las vendían, sin papeles y fuera de la legalidad, porque son propiedad del Estado nacional”. Adorni además indicó que se hacía una la explotación ilegal de los terrenos linderos al establecimiento hospitalario y denunció la venta de alimentos a precio exorbitante a los internados, entre otros negociados.
“La Asociación de Internados del hospital se valió de los recovecos del Estado ineficiente para hacer sus curros y negociados y, como dijimos siempre, este Gobierno encuentra un curro, un robo o un acto de corrupción, y lo primero que hace es eliminarlo de cuajo”, subrayó.
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