Los incendios que afectan a la Patagonia desde hace semanas se convirtieron en una prioridad nacional debido a su gravedad y prolongación. Ante esta situación, el Gobierno convocará este mediodía a su mesa chica de funcionarios para analizar la posibilidad de impulsar la declaración de Emergencia Ígnea en el Congreso, una medida que los gobernadores de las provincias afectadas vienen reclamando y que podría implementarse mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
En paralelo, durante la madrugada del jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva. Esta resolución establece un paquete de medidas para fortalecer el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios a nivel nacional, con un presupuesto total que supera los 100.810 millones de pesos.
Según lo dispuesto, 1.062 asociaciones de Bomberos Voluntarios recibirán un monto individual de 94.924.971,75 pesos. Estos fondos están destinados a la compra de equipamiento, materiales, vestimenta y otros elementos necesarios para la lucha contra incendios y la protección civil, así como para el mantenimiento de esos recursos. Además, las entidades de segundo grado, que agrupan a las federaciones provinciales, percibirán 7.754.639.995,93 pesos para gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones legales, y otro monto igual para programas de capacitación de bomberos y directivos, conforme a la Ley Nacional N° 25.054.
La resolución fue firmada el martes pasado, el mismo día en que los gobernadores de la Patagonia solicitaron formalmente al Congreso la declaración de Emergencia Ígnea. Entre los mandatarios que realizaron el pedido se encuentran Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes representan distintas fuerzas políticas.
Desde el Gobierno reconocen que la medida de financiamiento no fue originada por el pedido de los gobernadores, pero que se implementa para mitigar las críticas tanto de esos mandatarios como de la opinión pública respecto a la política oficial frente a los incendios en la Patagonia. “Estamos tratando de contrarrestar un poco las críticas sobre los incendios. Las balas en esos temas entraron”, admitieron fuentes oficiales.
Además, varios de estos gobernadores son considerados aliados clave para la aprobación de proyectos en las sesiones extraordinarias, como la reforma laboral, por lo que se entiende que el Ejecutivo buscó un gesto conciliador para facilitar esos acuerdos. No obstante, los gobernadores aún no se pronunciaron sobre si la medida satisface sus demandas, y existe la expectativa de que el Gobierno pueda emitir un DNU con la Emergencia Ígnea para evitar que el tema se extienda en el Congreso.
En cuanto a la provincia de Chubut, la más afectada por los incendios recientes, se confirmó la transferencia de 4.000 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para reforzar la lucha contra el fuego. En los fundamentos de la resolución se señala que esta medida responde a “los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente”, y que es necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas con equipamiento adecuado para atender emergencias en sus jurisdicciones.
Por otro lado, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, recibirá 2.584.880.009,64 pesos para cubrir gastos de fiscalización, establecer centros regionales de control, adquirir equipamiento y movilidad, realizar traslados, formar instructores, diseñar cursos y otorgar subsidios extraordinarios en situaciones de emergencia, entre otras obligaciones legales.
El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, como ente de tercer grado, tendrá dos asignaciones: 7.754.640.000 pesos para gastos de funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios, y 2.584.880.000 pesos para cubrir gastos de funcionamiento, representación institucional y cumplimiento de obligaciones legales.
La resolución establece que se priorizarán las transferencias a las asociaciones que hayan presentado la documentación requerida en tiempo y forma, y se dará preferencia a las provincias con menor cantidad de entidades en casos de emergencia federal.
