El fallo Alberdi de la Corte Suprema en 2024 estableció claramente que gravar con Ingresos Brutos a las cooperativas es inconstitucional. Sin embargo, en Entre Ríos, la realidad difiere ya que el estado provincial sigue cobrando este impuesto a pesar de la naturaleza no lucrativa de estas entidades. Esta situación revela una desigualdad en la tributación que las afecta y que el Estado se niega a corregir por razones puramente recaudatorias.
Este análisis se estructura en once puntos clave para ayudar a comprender mejor el problema. El fallo de la Corte Suprema en la causa "Cooperativa Farmacéutica Alberdi Ltda. c/ Municipalidad de Resistencia" sentó un precedente al declarar que una cooperativa sin fines de lucro no puede ser gravada con Ingresos Brutos, pero llegar a esa conclusión no fue sencillo.
El largo y complejo recorrido judicial que atravesó la cooperativa chaqueña para obtener este fallo es un ejemplo de perseverancia. La lucha por vencer obstáculos formales y llegar al fondo de la cuestión demuestra la importancia de defender los derechos cuando se ven vulnerados.
La propia Ley de Cooperativas y la Constitución de Entre Ríos reconocen el valor social y económico del cooperativismo, señalando la importancia de fomentar su desarrollo. Sin embargo, la legislación provincial sigue chocando con la legislación nacional al gravar a estas entidades con impuestos que van en contra de su espíritu solidario.
La resolución del INAES y el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos apuntan en la misma dirección: eximir a las cooperativas del pago de Ingresos Brutos. Esto no se trata de conceder privilegios, sino de respetar la legalidad y promover un desarrollo económico más inclusivo y equitativo.
Corregir esta contradicción entre la normativa nacional y provincial no es solo una cuestión técnica, sino un gesto de justicia y compromiso con un modelo de desarrollo más solidario y humano. En un año dedicado al reconocimiento del valor de las cooperativas, es fundamental ajustar la legislación para no seguir penalizando a quienes buscan ayudarse mutuamente sin fines de lucro.
