El Ministerio de Capital Humano no sólo incumplió con la orden judicial de presentar un plan de reparto del alimentos que se guardó en lugar de distribuirlos en comedores y merenderos, sino que entregó listados con diferentes cantidades de mercadería según quien lo requiriera. Por esa desobediencia y por la "poca fiabilidad" de lo informado, el juez Sebastián Casanello ordenó este sábado, a pedido de la fiscala Paloma Ochoa, una inspección en el depósito de Villa Martelli. En el galpón de Tafí Viejo, en Tucumán, se había hecho lo mismo el día anterior, por pedido de un fiscal de esa provincia. En ambas investigaciones se tuvo en cuenta que la propia cartera a cargo de Sandra Pettovello en un comunicado había reconocido el "mal desempeño" (sic) de su propia gestión en el control del stock de productos y las fechas de vencimiento.
Todos los caminos…
El escándalo creció el jueves último después que Capital Humano entregó al juzgado de Casanello las planillas que dejaban a la vista no sólo el acopio de 5,9 millones de kilos de comida, sino que había 339.867 kilos de leche en polvo que se vencen en julio y 40 kilos de arroz con hortalizas que ya expiraron. Ante la evidencia, Pettovello decidió echar cual fusible al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, quien se ocupaba de la política de seguridad alimentaria y había dicho que la comida guardada era para situaciones de emergencia y catástrofes.
La cartera hizo trascender que lo denunció ante la Oficina Anticorrupción (OA). La acusación, a la que accedió Página/12, no tiene relación con el alimento guardado y vencido sino con revelaciones sobre un convenio se había hecho con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), parte de cuyos fondos se habrían usado para pagar a funcionarios que aún no tenían designación y sobresueldos para otros. La "trampa" es que para eso se habrían utilizado acuerdos habituales que en realidad son para la contratación externa de especialistas para proyectos puntuales.
Tal vez Pettovello no lo sepa, pero ella misma podría considerarse denunciada. Si la OA sigue el caminito de los fondos girados a la OEI va a encontrar que el 6 de marzo se publicó una resolución que aprueba un acta complementaria de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Niñez y el organismo internacional, al que se ordena transferir 6.772.500.000 pesos de fondos públicos. Ese documento, que fue revelado por este diario, solo está firmado por la ministra, pese a que las normas de contrataciones del estado establecen que si se superan los 2.500 millones debe firmar el jefe de gabinete. El dinero en cuestión tendría múltiples propósitos. Por un lado, los contratos que se habrían desviado y por otro, como informó Página/12, la compra de alimentos, para lo cual Capital Humano le delegó a la OEI la licitación y adquisición de lentejas y aceite, a cambio de una comisión del 5%. En contra de lo que decía el Gobierno, no todo fue adquirido por la gestión anterior. Ahora incluso se usó este método que evita controles locales.
La denuncia ante la OA relata que el director general de administración de la Secretaría de Niñez, Federico Ferná
