La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos no convocó a sus integrantes para sesionar este lunes 5 de diciembre, fecha en la que vence el plazo de 30 días para tratar el dictamen sobre el pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina de Rizzo. Como consecuencia, el expediente quedará archivado poco después de las 11 horas, según confirmó Análisis Digital.
El reclamo inicial fue presentado el 5 de diciembre del año pasado por Eugenio Jacquemein, docente jubilado de AGMER, quien denunció a Medina por diversas irregularidades. Estas incluían ausencias reiteradas, demoras en la emisión de sentencias, y el uso de recursos públicos para viajes particulares disfrazados de capacitaciones. La denuncia se fundamentó en documentación oficial que prueba estas irregularidades. Posteriormente, la ONG Entre Ríos sin Corrupción presentó otra denuncia por motivos distintos, pero ambos pedidos se unificaron, tomando como referencia la denuncia inicial para el cómputo de los plazos procesales.
Para que la Comisión sesione se requiere la presencia de 26 de sus 34 diputados. Para alcanzar el quórum, serían necesarios cinco diputados del Partido Justicialista (PJ), además de todos los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) y los libertarios. Sin embargo, no se logró la convocatoria ni el quórum necesario, por lo que el proceso no avanzó y caerá por vencimiento de plazo, no por un rechazo expreso de la Legislatura. Esto implica que la causa contra Medina se archivará sin que se haya pronunciado un juicio político formal.
La denuncia de Jacquemein se centró en más de 600 días de ausencias de Medina como vocal entre 2016 y 2025, justificadas oficialmente como “capacitación” o “cuestiones de vocalía”, aunque en realidad la mayoría de esas ausencias se debían a su actividad en la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), presidida por la propia magistrada. En varias ocasiones utilizó fondos públicos para esas actividades. Además, la ONG Entre Ríos sin Corrupción señaló la morosidad en los fallos de la Sala Laboral, atribuida a esas ausencias. Medina reconoció públicamente que “por lo general había demoras de hasta 8 o 9 meses” en sus sentencias, considerándolo normal pese a la ansiedad de los demandantes.
Otro punto grave fue la revelación de 60 días de viajes al extranjero, detectados en informes de Migraciones, cinco de ellos en un avión privado contratado por el empresario Eduardo Eurnekian, uno de los más poderosos del país. Medina nunca declaró que esos viajes fueron “invitaciones” de un empresario, lo que se considera una dádiva prohibida por la Ley Nacional de Ética Pública y la normativa provincial del Poder Judicial para magistrados.
Los diputados oficialistas habían elaborado un dictamen mayoritario basado en la versión de Medina y sus abogados, Ladislao Uzín Olleros y Diego Armesto, este último letrado de la AMJA. El texto de 21 páginas, firmado por la presidenta de la Comisión, Gabriela Lena (JxC Federación), rechazaba por mayoría cada punto denunciado. El PJ manifestó su rechazo a ese dictamen, aunque sin presentar argumentos detallados públicamente, salvo declaraciones de la presidenta del bloque, Laura Stratta, y de Juan José Bahillo. El dictamen mayoritario no consideró la documentación oficial enviada por el STJ, el informe de Migraciones ni el documento del Tribunal de Cuentas, cuyo anexo recién llegó días antes del vencimiento del plazo.
Inicialmente, tanto Gabriela Lena como el diputado Alcides Marcelo López (Concordia) estaban dispuestos a avanzar hacia la destitución de Medina, pero cambiaron de postura tras una conversación telefónica del gobernador Rogelio Frigerio con los principales referentes de la Comisión. Frigerio ordenó rechazar las denuncias contra la vocal y pidió que se persuadiera a diputados de la oposición para que apoyaran esa posición. Esta estrategia fue rechazada por los diputados del PJ durante negociaciones previas a la sesión del 28 de diciembre. En esa sesión, los diputados presentes decidieron levantar la sesión para evitar que se aprobara un pedido de juicio político presentado por una empleada de Tribunales que denunció violencia por parte de Medina, ya que el rechazo a este pedido era el único punto en consenso.
Gabriela Lena anunció que el dictamen se trataría en “una próxima sesión”, sin especificar fecha, pero finalmente nunca se convocó. De este modo, el expediente se archivará este lunes 5 de diciembre a las 11 horas por vencimiento de plazo, sin que se haya realizado un juicio político formal contra Susana Medina de Rizzo.
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