La Defensoría de Niños y Adolescentes genera controversia en el Congreso: ¿cuál será su futuro?

El futuro de la Defensoría de Niños y Adolescentes, liderada por Marisa Graham, ha desencadenado una intensa disputa en el Congreso entre dos bandos opuestos: los partidarios y los críticos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El sector afín a Graham busca extender su mandato, que finaliza en marzo de 2025, con el respaldo de la comisión bicameral correspondiente, evitando la aprobación en ambas Cámaras y generando controversia.

La Casa Rosada rechaza firmemente este plan y prefiere que la gestión de Graham concluya en marzo de 2025, a pesar de las críticas recibidas. Graham fue seleccionada tras un concurso público en 2019, convalidado por el Congreso en febrero de 2020.

Para comprender los entretelones de esta disputa, es necesario remitirse a la ley 26.061 de 2005, que establece los procedimientos para designar al Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Según esta normativa, el Defensor es propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional a través de una comisión bicameral, la cual evalúa las candidaturas mediante un concurso público.

Asimismo, la ley establece requisitos específicos para el cargo, como la nacionalidad argentina, tener al menos 30 años y demostrar idoneidad en la protección de los derechos de los niños. El mandato del Defensor es de cinco años, con la posibilidad de una reelección.

En este escenario, surge la polémica sobre la continuidad de Graham en el cargo, con diversas interpretaciones y posturas en el Congreso. La falta de consenso y de integración de la comisión bicameral dificulta la toma de decisiones, generando un ambiente de incertidumbre y disputa política.

Ante esta situación, legisladores favorables a Graham buscan acelerar el proceso, presionando por una prórroga de su mandato antes de que finalice. Mientras tanto, el Gobierno prefiere esperar hasta marzo de 2025 antes de abordar la cuestión nuevamente. Tras la aprobación de la ley en 2005, el Congreso tardó 15 años en designar a la actual Defensora, lo que evidencia la complejidad y la importancia de este debate.