Por unanimidad el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022. Ahora, el Gobierno –-que se negó a implementar la emergencia por DNU— debe promulgarla para reasignar partidas presupuestarias por 10.400 millones de pesos para paliar la urgencia de los sectores más vulnerables de la sociedad en lo que queda del año. El proyecto incluye a partir de 2020 un aumento trimestral de las partidas alimentarias en base al incremento del rubro “alimentos y bebidas” del Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica medida por el INDEC. El debate acordado para una sesión rápida no estuvo exento de duras críticas del grueso de la oposición a la política económica del Gobierno de Mauricio Macri que desató la crisis socioeconómica.
Criticaron su favorecimiento a los sectores concentrados, el “brutal endeudamiento externo”, la fuga de capitales y la dolarización de la comida, los combustibles y las tarifas, además de cuestionar a los funcionarios y dirigentes oficialistas que niegan el hambre y que algunos definieron como “la ideología del desprecio a la gente”. Lejos de asumir las responsabilidades, el oficialismo buscó culpar a los gobiernos peronistas por la crisis alimentaria, insistió en que la emergencia lleva 18 años vigente, exaltó “la inversión social” del Gobierno de Cambiemos, aunque lo incluyó como uno de los “condicionantes del endeudamiento” y el senador radical Luis Naidenoff desafió electoralmente al peronismo opositor: “Tenemos en claro le mensaje de las Paso. La elección no se definió”, les espetó.
La salteña María Cristina Fiore fue la primera en abrir el debate. “No nos cabe duda de la necesidad del tratamiento de este proyecto, porque la pobreza lamentablemente ha aumentado”, afirmó la senadora que acompañó muchos de los proyectos del oficialismo. Citó las cifras que arrojan el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para sostener que la inseguridad alimentaria grave, “quienes comen una vez al día o pasa sin comer, aumento de 2,5 millones en 2015 a 5 millones de personas en 2018”, sin contar este último año de agravamiento de la crisis. Luego calificó como “vergonzoso, grave e irresponsable” las declaraciones de los funcionarios del Gobierno que “niegan el hambre”, que también “trae muerte”.
“Acompañamos este proyecto, pero debemos rediscutir el modelo económico de la Argentina si queremos hacer efectivos los derechos sociales, políticos y económicos garantizados en la Constitución”, sostuvo la santafesina María de los Angeles Sacnun (FpV-PJ) y agregó: “Los modelos económicos neoliberales fundados en el endeudamiento y fuga de capitales quiebran ese contrato social”. Sacnun propuso avanzar en la “soberanía alimentaria” para pensar en la producción de alimentos y no solo en el acceso a los mismos.
En un duro discurso, el formoseño José Mayans (BJ) se quejó de la falta de funcionamiento del Senado para discutir los “temas importantes” y que había que discutir la emergencia “rapidito”. Sostuvo que Macri les recortó a las provincias por DNU unos “50 mil millones de pesos”, mientras que los 18 mil millones presupuestados que el gobierno destina a la ayuda alimentaria, &l
