La respuesta negativa era esperada debido a los "antecedentes ideológicos" de Cantera, quien antes de ingresar en la orden religiosa, en 1993, fue candidato de la Falange Española Independiente a las elecciones generales, recordó el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez en un comunicado.
No obstante, el gobierno español remarcó que "la posición obstruccionista del prior no impedirá que el proceso (de exhumación de Franco) siga su curso".
En su carta, el prior argumentó que la familia del dictador se opone a la exhumación y que el asunto está pendiente de resolución judicial. A mediados de diciembre, los nietos de Franco recurrieron al Tribunal Supremo, pero los jueces rechazaron paralizar de forma cautelar el proceso, ya que todavía el Consejo de Ministros no aprobó de forma definitiva el procedimiento.
Desde su muerte en 1975, Franco se encuentra enterrado en el Valle de los Caídos, un monumento al fascismo que se encuentra situado a más de 50 kilómetros de Madrid, y que fue construido por orden del propio dictador, quien yace junto a los cuerpos de miles de sus víctimas.
La familia Franco se opone a que el cuerpo del dictador sea exhumado aunque, en caso de que esto ocurra, sólo acepta que sea inhumado en la catedral de La Almudena, donde se encuentra enterrada su hija, y que está situado a un centenar de metros del Palacio Real, en pleno centro de la capital española.
Sin embargo, esta posibilidad es rechazada por el Ejecutivo, puesto que se trata de un sitio más accesible que el actual mausoleo y no sólo supondría darle un lugar de reconocimiento sino que podría facilitar actos de "enaltecimiento", que están prohibidos por la Ley de Memoria Histórica.
En un reciente informe, la Delegación del gobierno en Madrid se opuso a que Franco sea enterrado en La Almudena por razones de "seguridad y orden público", y ante el peligro de que se produzcan altercados y por las dificultades materiales derivadas del eventual volumen de visitas que atraería el sepulcro.
El protocolo administrativo obligaba a pedir permiso al prior del Valle de los Caídos para la exhumación, pero el gobierno tiene previsto realizar gestiones ante instancias superiores de la Iglesia, presentando los requerimientos legales que avalan el proceso.
