Durante la feria judicial, el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, emitió una resolución en la que recordó al Gobierno que la ley de emergencia en discapacidad debe estar en “plena ejecución” para el próximo 4 de febrero, fecha límite establecida en una resolución anterior del 18 de diciembre. El magistrado además intimó al Ejecutivo a presentar pruebas del avance en la implementación de la norma en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento, es decir, con la advertencia de posibles sanciones en caso de incumplimiento.
En su fallo, González Charvay subrayó que la fecha del 4 de febrero debe cumplirse mientras se espera la sentencia de la Cámara Federal de San Martín, que está llamada a resolver la apelación presentada por el Gobierno contra la medida judicial que ordenó la ejecución de la ley. Esta decisión judicial se da en un contexto donde el Ejecutivo había intentado frenar la aplicación de la ley mediante el decreto 681/2025, publicado en septiembre, que suspendía la vigencia de la norma argumentando la falta de especificación presupuestaria para su financiamiento.
En una sentencia anterior, el juez federal declaró inválido el artículo 2 del decreto 681/2025, señalando que el Gobierno había excedido sus facultades presidenciales al suspender una ley aprobada por amplias mayorías en el Congreso. González Charvay sostuvo que la Constitución obliga al Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar las leyes sancionadas por el Legislativo sin alternativas ni demoras.
En octubre, la Cámara de Diputados ratificó la nulidad del decreto 681/2025, reafirmando la vigencia de la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad. Esta ley había sido inicialmente vetada por el presidente Javier Milei, pero luego fue ratificada por ambas cámaras del Congreso, consolidando su aplicación. La controversia judicial y política en torno a esta normativa refleja la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto a la implementación de políticas públicas para personas con discapacidad.
El juez González Charvay, con esta nueva resolución, busca garantizar que el Gobierno cumpla con la ley y avance en su ejecución, asegurando así los derechos de las personas con discapacidad, mientras se resuelve la apelación pendiente. La medida judicial representa un llamado de atención al Ejecutivo para que respete las decisiones legislativas y judiciales, evitando demoras que afecten a un sector vulnerable de la sociedad.
