Según expresaron, esta iniciativa pone en riesgo el carácter solidario, autónomo y democrático de la obra social, afectando directamente a miles de trabajadores municipales —activos y jubilados— que dependen del IOSPER para su atención médica y la de sus familias.
Desde la Liga se valoró la preocupación del Gobierno por el presente y el futuro de la obra social, así como su intención de modernizarla. No obstante, se consideró que suprimir el IOSPER para reemplazarlo por un sistema centralizado es más un intento de apropiarse de los recursos de la entidad que una reforma basada en criterios democráticos y participativos.
Los intendentes remarcaron que el IOSPER no es una obra social estatal, sino una institución sostenida exclusivamente con los aportes de sus afiliados. En este sentido, cuestionaron la legitimidad del Estado provincial para pretender intervenir o definir el destino de fondos que consideran laborales, no públicos.
En lugar de crear una nueva obra social, propusieron reformar y actualizar la normativa vigente, en caso de que existan aspectos que lo requieran, como la organización, el control o la forma de elección de autoridades. A su juicio, lo que falta es voluntad política para mejorar lo existente, no eliminarlo.
Asimismo, criticaron que el proyecto oficial contempla la eliminación de la representación gremial plena en el directorio del IOSPER, la reducción de la comisión fiscalizadora a un solo integrante designado por el Ejecutivo, y la conversión del organismo en una dependencia del poder político. Estas modificaciones, consideraron, representan un grave retroceso democrático.
Durante la intervención actual, que ya lleva seis meses, señalaron que los problemas se han profundizado: hay recortes de prestaciones, demoras en la entrega de medicamentos, falta de autorizaciones, migración de bases de datos a empresas externas y aumentos excesivos de los coseguros. Según advirtieron, estas situaciones son padecidas a diario por los trabajadores en cada municipio.
Finalmente, la Liga reafirmó su compromiso con la defensa de un sistema de salud solidario, autónomo y participativo, rechazó cualquier intento de vaciamiento o apropiación política del IOSPER, y exigió un debate amplio, democrático y con verdadera participación de sus legítimos dueños: los afiliados.
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