La organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este viernes que aún permanecen 1.903 personas encarceladas por discrepancias con el Gobierno, la mayoría de ellas detenidas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, mencionó a la agencia de noticias EFE que la situación de los detenidos sigue invariable, a pesar de las 165 liberaciones confirmadas este mes por el equipo de defensores, en el contexto de una revisión de casos solicitada por el régimen de Nicolás Maduro y llevada a cabo por la Fiscalía y los tribunales chavistas.
De acuerdo con las estadísticas de Foro Penal, del total de personas recluidas, 1.658 son hombres y 245 mujeres, incluyendo a 1.741 civiles y 162 militares de diversos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyos líderes respaldan plenamente al líder del régimen chavista frente a las acusaciones de fraude en las elecciones.
Asimismo, la organización señala que 1.861 de los detenidos son adultos, mientras que 42 son adolescentes de entre 14 y 17 años; resaltando que en las últimas dos semanas fueron liberados 27 menores de edad.
Desde el 29 de julio, Foro Penal ha registrado un total de 1.943 arrestos en el contexto de las manifestaciones ciudadanas contra los resultados electorales oficiales y en operativos policiales y militares ordenados por el Ejecutivo, que afirma enfrentar conspiraciones y planes golpistas.
Entre los detenidos se encuentran numerosos activistas políticos y algunos líderes de la oposición que ocuparon cargos electos como diputados, gobernadores, concejales o alcaldes.
Tanto Foro Penal como los familiares de los detenidos han denunciado que la mayoría de ellos son acusados de delitos como terrorismo y que se han violado sus derechos, debido, entre otras razones, a que la Justicia ha impedido que designen a sus propios abogados.
Por otro lado, la Asamblea Nacional de Venezuela (controlada por el chavismo) aprobó una ley este jueves que impone penas de 25 a 30 años de prisión a quienes respalden sanciones internacionales contra el país, así como inhabilitaciones de 60 años para los dirigentes que apoyen esas medidas.
El texto de la ley también prevé multas que superan el millón de dólares y castiga con las mismas penas a quienes promuevan acciones armadas o de fuerza contra Venezuela.
Esta legislación venezolana responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos con el objetivo de reforzar las sanciones contra Caracas, a la espera de la aprobación del Senado y la firma de Maduro para su entrada en vigor.
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