El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de Naciones Unidas advirtió este martes sobre importantes retrocesos en los derechos humanos en Argentina. Durante el examen periódico realizado en Ginebra, el organismo internacional destacó la desaparición del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, así como la eliminación de programas fundamentales para la prevención de la violencia de género. A pesar de la documentación presentada, la delegación oficial argentina negó la existencia de retrocesos y calificó las medidas adoptadas como “reordenamientos” institucionales.
El Comité manifestó especial preocupación por el fuerte recorte presupuestario en políticas destinadas a combatir la violencia de género, que sufrió una caída del 89% desde 2024. Programas esenciales como “Acompañar”, que ofrece asistencia económica a víctimas, disminuyeron su alcance de 102.000 personas atendidas en 2023 a poco más de 3.500 en el último año. Además, el informe señaló que la violencia letal contra mujeres mantiene niveles críticos, con una tasa de femicidios superior al promedio europeo, y evidenció fallas estructurales en la protección de las víctimas.
En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, la ONU advirtió que el Estado nacional abandonó funciones esenciales, como la compra y distribución de insumos a las provincias. Esta decisión provocó faltantes generalizados de misoprostol y otros medicamentos necesarios para abortos seguros en casi todo el país, además de un desabastecimiento total de preservativos durante 2025. El desmantelamiento del Plan ENIA, que en años anteriores había logrado reducir a la mitad el embarazo adolescente, fue destacado como uno de los puntos más críticos del informe.
La Educación Sexual Integral (ESI) también fue objeto de críticas tras la eliminación completa de su presupuesto para 2025, algo inédito desde su creación en 2006. El Gobierno defendió en Ginebra que la educación sexual es una responsabilidad “indelegable” de los padres, postura que contradice las obligaciones internacionales que exigen garantizar este derecho en las escuelas. Asimismo, se denunció la paralización de las capacitaciones docentes y la supresión de las jornadas obligatorias de prevención de la violencia en los colegios.
El acceso a la justicia fue otro tema central en el debate, especialmente por el cierre masivo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). De los 105 centros que funcionaban en 2023, solo 30 permanecían operativos en septiembre de 2025. A esto se sumó el debilitamiento de la Línea 144, que perdió gran parte de su personal y dejó de contar con una partida presupuestaria específica, perdiendo así su enfoque especializado en violencia de género.
Finalmente, el Comité señaló una “regresión acelerada” en los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. El informe documentó un aumento del 70% en los crímenes de odio durante el primer semestre de 2025 y criticó la difusión de discursos estatales que “patologizan” la diversidad. También se denunciaron restricciones en el acceso a la salud para adolescentes trans y el incumplimiento del cupo laboral travesti-trans, consolidando un escenario de desprotección para este sector de la población.
El Comité CEDAW es el órgano de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que Argentina ratificó en 1985 y que tiene jerarquía constitucional. Esto obliga al Estado a presentar informes periódicos sobre sus leyes y políticas. En este examen, el Comité no sólo escuchó la versión oficial, sino que también recibió información de organizaciones sociales para verificar la situación real en el país.
Aunque el Gobierno aseguró que Argentina mantiene estándares de igualdad similares a los europeos, basándose en índices del Banco Mundial, el Comité aclaró que esos indicadores sólo miden la existencia de leyes escritas y no su aplicación efectiva. Los datos reales mostraron que en 2025 se registraron 247 femicidios y que las medidas de protección fueron ineficaces en la mayoría de los casos. La brecha entre la norma y la realidad se profundizó por el desfinanciamiento de las políticas que permitían a las mujeres acceder a la justicia.
El Estado tampoco brindó información sobre la participación de las mujeres en espacios de decisión, a pesar de que la paridad es una prioridad para la ONU. La brecha sigue siendo significativa: los hombres tienen casi cuatro veces más posibilidades de ocupar cargos altos en la justicia y sólo el 30% de los ministerios nacionales están encabezados por mujeres. Además, en 2025 se eliminaron los criterios de paridad de género para candidaturas en organismos internacionales, evidenciando otro retroceso en materia diplomática.
El informe también reveló la eliminación de programas de apoyo técnico y legal para mujeres con discapacidad, como el plan “Equiparar”. La Línea 144 dejó de ofrecer atención en lenguaje de señas para personas sordas. A esto se sumó la eliminación de 110.000 pensiones no contributivas en un contexto donde apenas el 25% de las mujeres con discapacidad logra acceder a un empleo, agravando su situación de pobreza y vulnerabilidad.
En resumen, el Comité CEDAW alertó sobre una regresión en derechos fundamentales para mujeres y diversidades en Argentina, marcada por recortes presupuestarios, desmantelamiento de programas clave y un aumento de la violencia y la discriminación, a pesar de las negaciones oficiales.
