La Organización de las Naciones Unidas (ONU) deberá operar en 2026 con un presupuesto básico un 15% menor al que había previsto para este año, y además enfrentará dificultades para financiarlo en su totalidad. Esta situación llevará a una reducción de al menos el 18% de su plantilla activa y a la disminución de ciertas actividades en terreno, afectando el cumplimiento de su mandato.
Este escenario es consecuencia de un acumulado de déficits provocados por el impago de las cotizaciones obligatorias de los Estados miembros, entre las cuales una parte significativa corresponde a Estados Unidos, que aporta cerca del 20% del total de los fondos requeridos por la ONU. Desde la llegada del presidente Donald Trump en enero pasado, la organización ha recibido señales constantes desde Washington que reflejan la intención del gobierno estadounidense de desvincularse progresivamente de la ONU, a pesar de que el mandatario ha reconocido recientemente que la organización tiene “un gran potencial”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, informó al Comité de Presupuestos de la Asamblea General que “terminamos 2024 con 760 millones de dólares en atrasos, de los cuales 709 millones corresponden a pagos pendientes desde ese año. Además, no hemos recibido 877 millones de dólares correspondientes a las cuotas de 2025, lo que eleva los atrasos a un total de 1.586 millones de dólares”.
El presupuesto afectado corresponde exclusivamente a la Secretaría de la ONU, que financia actividades centrales en ámbitos humanitarios, sociales, de desarme y las llamadas “misiones políticas especiales”, como las oficinas de asesoría directa al secretario general, por ejemplo, la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, o paneles de expertos creados por encargo del Consejo de Seguridad. Este presupuesto básico no incluye las operaciones de las agencias especializadas de la ONU, que se ocupan de la protección de los derechos humanos, refugiados, migrantes, salud pública global y necesidades humanitarias, las cuales se financian mayoritariamente mediante contribuciones voluntarias de los Estados.
Al presentar estas cifras, Guterres destacó que “el objetivo no es un ajuste temporal, sino la modernización y una reducción de los costes de la Secretaría”, en un contexto de liquidez extremadamente frágil que persistirá incluso si la Asamblea General aprueba el presupuesto tal como ha sido planteado. En cuanto al personal, el secretario general señaló que se trabaja con la base de que la plantilla quedará en 11.594 puestos, tras una reducción de 2.681 empleos, lo que equivale al 18,8% de lo aprobado para este año. Estos puestos no incluyen el personal de los organismos especializados, que ya han sufrido miles de bajas a lo largo de 2024.
Guterres explicó que “ya hemos establecido programas de separación voluntaria que están teniendo bastante éxito y contaremos con un mecanismo que permitirá a aquellos cuyos puestos sean suprimidos tener las condiciones para competir de manera positiva por los puestos vacantes”. Además, frente a la preocupación expresada especialmente por países en desarrollo, aseguró que la situación se manejará para no afectar “el equilibrio de la distribución geográfica”, lo que implica que todos los Estados miembros de la ONU deben estar adecuadamente representados en la plantilla.
Finalmente, el secretario general señaló que las reducciones propuestas reflejan las difíciles decisiones adoptadas en todas las entidades para racionalizar estructuras, eliminar duplicaciones y priorizar recursos que generen mayores efectos. Esta crisis financiera representa uno de los desafíos más graves que ha enfrentado la ONU en su historia reciente.
(Con información de EFE)
