Las jubiladas señaladas como prestamistas de Manuel Adorni niegan conocerlo y cualquier vínculo con él

En Nacionales
marzo 31, 2026
Dos mujeres que figuran como acreedoras en un crédito hipotecario para la compra del departamento de Manuel Adorni negaron haberle prestado dinero o conocer al funcionario.

En medio de la controversia que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dos mujeres señaladas como las supuestas prestamistas que le habrían facilitado el dinero para adquirir un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, negaron conocerlo o tener algún tipo de relación con él.

La primera en desmentir cualquier vínculo fue Beatriz Viegas, una jubilada de 72 años. Consultada por un periodista de La Nación a través del portero eléctrico de su edificio en Flores, respondió: “No, la verdad que no” cuando se le preguntó si conocía a Manuel Adorni. Además, negó haberle otorgado dinero en forma de hipoteca y cortó la comunicación.

Por su parte, Claudia Sbabo, de 64 años y empleada en una editorial según registros públicos, no estuvo disponible para hablar directamente. En una llamada telefónica, otra mujer respondió que Sbabo no estaba y, ante la consulta sobre si conocía a Adorni o si alguna vez le había vendido un departamento en la calle Miró al 500, dijo: “Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella”. Al ser consultada sobre si sabía si Sbabo le había cedido dinero en forma de hipoteca al funcionario, respondió: “No, ni idea de esas cosas. Disculpe pero tengo que seguir trabajando”.

Estas declaraciones surgieron luego de que se conociera que Viegas y Sbabo figuran en el Registro de la Propiedad Inmueble como las dos personas que habrían vendido al jefe de Gabinete el departamento donde actualmente reside, ubicado en Miró casi Pedro Goyena, en Caballito.

Según el Registro, Viegas aparece como acreedora del 50% de un crédito hipotecario por 200.000 dólares con el que se concretó la operación en noviembre de 2025, mientras que la otra mitad del crédito estaría asignada a Sbabo. La compraventa se inscribió por un valor total de 230.000 dólares, y los compradores solo habrían aportado 30.000 dólares al momento de la operación.

La Nación obtuvo estos datos a partir de un informe de dominio realizado ante el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. El informe indica que el 18 de noviembre de 2025, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, pasaron a ser dueños de la propiedad en un 50% cada uno.

El departamento en cuestión es una unidad funcional de casi 200 metros cuadrados (120 cubiertos más patio), junto con la cochera proporcional. El funcionario adquirió esta propiedad sin vender su vivienda anterior en el barrio de Parque Chacabuco, donde vivía antes de ingresar al Gobierno.

En mayo de 2025, Viegas y Sbabo anotaron el condominio con el que compraron la propiedad a Hugo Alberto Morales, un exfutbolista de Huracán, Lanús y selecciones juveniles argentinas en los años 90. En esa ocasión, la propiedad fue adquirida por 200.000 dólares y seis meses después se registró la venta a un precio 15% más alto.

Además, se conoció que un año antes la esposa de Adorni compró una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde se pagan expensas cercanas a los 700.000 pesos, según informó Clarín. En ambas operaciones, la escribana fue Adriana Nechevenko.

Beatriz Viegas es viuda y estuvo vinculada al sector de la construcción. Fue socia de la empresa Nazca Gold SRL desde 2017 durante siete años, hasta 2024. Esta sociedad se dedicaba a ejecutar obras públicas y privadas, así como a actividades inmobiliarias como compra, venta, permuta e hipoteca.

Claudia Sbabo no registra actividad empresarial y figura como empleada en relación de dependencia en una editorial. Está afiliada al PAMI, está casada y su esposo trabaja desde hace 15 años como vendedor en un taller mecánico en Villa Lugano.

Desde su entorno, Manuel Adorni afirmó que construyó su patrimonio en el sector privado. Actualmente, la Justicia investiga un posible enriquecimiento ilícito del funcionario para determinar el origen de los fondos con los que incrementó su patrimonio durante su gestión pública.