Las provincias deben suspender reclamos judiciales para poder canjear deudas con la Nación

También estuvieron presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

Dieciocho gobernadores discutirán con la Casa Rosada el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. La negociación es uno a uno y, en estos días comienza la presentación de documentación que legitime los reclamos. Mientras dure el proceso de conciliación, las provincias deben comprometerse a suspender los plazos de los reclamos judiciales presentados y abstenerse de iniciar nuevos. No hay una fecha para terminar, ni las partes están obligadas a aceptar. El Gobierno nacional puede ofrecer pagar, por ejemplo, con rutas o empresas estatales que son deficitarias. La mayoría de los distritos grandes tienen acreencias a su favor, publicó el portal del diario La Nación.

Sin presupuesto 2025, esta negociación es la alternativa que ven los mandatarios que acordaron con la Casa Rosada para destrabar los vínculos económicos con la Nación. Hasta ahora han fracasado en todos los intentos, incluso en conseguir partidas avaladas por ley. El único peronista vinculado con el kirchnerismo que está en el grupo es el pampeano Sergio Ziliotto.

Además de él, los que suscribieron convenios son los de Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. No avanzaron hasta ahora Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe.

Entre las mayores deudas que reclaman los gobernadores, están las de los giros de Anses para los sistemas previsionales provinciales no transferidos, que son 13. Las mayores acreencias en ese rubro son de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; las tres tienen demandas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. Y, salvo Maximiliano Pullaro, tanto Rogelio Frigerio como Martín Llaryora quieren discutir el régimen de extinción de deudas con Nación. El entrerriano, incluso, firmó un acuerdo con Anses por $2.000 millones mensuales como anticipo por la deuda. Desde el organismo aclararon que los anticipos “serán deducidos del resultado que arroje el proceso de revisión general que incluirá todos los años desde 2017” hasta el actual.

Frigerio consideró que es “un paso adelante. Implica el reconocimiento del Gobierno nacional de que nos deben, de que la Provincia es acreedora desde hace mucho tiempo porque los distintos gobiernos nacionales no nos pagaban lo que realmente nos correspondía” y enfatizó que “por primera vez en la historia” hay un reclamo en la Corte.

El ministro de Economía de Santa Fe, Luis Olivares, declaró al diario La Capital que esa es una de las claves por las que no suscribieron el acuerdo: “Firmar ese convenio significaría paralizar ese proceso (demanda en la Corte), que Santa Fe inició justamente porque no tuvo respuesta favorable en la instancia administrativa. Sería dar un paso atrás y al mismo tiempo paralizar in eternum ese proceso judicial. En definitiva, este es un convenio que le sirve al deudor. Para otras provincias es distinto porque deben más de lo que le deben. El caso de Santa Fe es inverso. Por eso entendemos que sigue siendo mucho más prudente que el principal crédito de la provincia continúe reclamándose en la instancia judicial”.

En el caso de Llaryora -la demanda de Córdoba ante la Corte Suprema la presentó su antecesor, Juan Schiaretti- fue autorizado hace una semana por la Unicameral para encarar las negociaciones. La deuda acumulada de Anses ronda ya los $850.000 millones.

Un ítem común entre todas las provincias son las deudas por compensaciones del Consenso Fiscal 2017. En la Corte Suprema de Justicia hay unas 33 demandas presentadas por las provincias y si bien varias eran por el decreto que modificó Ganancias del expresidente Alberto Fernández, los hay por deuda de Anses; por el corte de los fondos del incentivo docente y transporte (Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, La Pampa, La Rioja), por los excedentes de Salto Grande (Entre Ríos), por la pérdida de un punto de coparticipación (La Rioja) y fondos para protección de bosques nativos (Buenos Aires).

Por el lado de las deudas de las provincias con la Rosada, al tercer trimestre de este año, las principales acumulan un stock de $427.383 millones, según Politikon Chaco sobre datos oficiales. Se dividen en $25.093 millones con el gobierno nacional; $109.692 millones con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y $292.598 millones con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Entre el primer y el tercer trimestre, el stock de deuda se redujo prácticamente a la mitad, ya que entonces era de $814.771 millones.

Los más endeudados

Chaco con $156.923 millones encabeza el ranking de los distritos más endeudados con Nación; le siguen Chubut con $120.000 millones y Salta con $115.000 millones. Después sigue Entre Ríos con $98.085 millones, pero es la que tiene más acreencias a favor por la deuda de Anses. En febrero el chubutense Ignacio Torres protagonizó un fuerte cruce entre el mandatario y el presidente Javier Milei cuando la Nación le retuvo $13.500 millones por la deuda con el FFDP. La Justicia Federal ordenó a la Rosada cesar en la medida.

Las negociaciones estarán a cargo de Interior y de Economía, con Luis Caputo estableciendo los principios rectores. Las deudas de las provincias con Cammesa, la compañía que administra el sistema mayorista eléctrico, serían las más abultadas. Para pagar, Nación ofrecerá desde las empresas en las que el Estado nacional quiere retirarse (por ejemplo, la Fábrica Militar de Aviones o el Belgrano Cargas) hasta rutas nacionales o terrenos.