El proyecto de ley presentado por el diputado peronista Enrique Cresto ingresó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, proponiendo la inclusión de un protocolo para el abordaje integral de víctimas de violencia de género, asegurando la cobertura total e integral de prácticas preventivas y terapéuticas por parte del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). El objetivo es garantizar que la atención a estas víctimas se realice de manera adecuada y con los parámetros correctos.
La ley plantea la obligatoriedad por parte del Iosper de cubrir completamente prácticas preventivas y terapéuticas, incluyendo terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y cualquier atención necesaria para las víctimas de violencia de género. Además, se establece que el Poder Ejecutivo Provincial será responsable de determinar la Autoridad de Aplicación para reglamentar el cumplimiento de la ley.
En sus fundamentos, Cresto destaca la falta de cobertura de las obras sociales en tratamientos de salud mental y en casos de extrema gravedad. Se refiere a la Ley Nacional Nº 27676 aprobada en 2022, que establece la obligatoriedad de brindar cobertura a prestaciones de salud mental a través de las obras sociales, así como a todos los agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados, enmarcados en las leyes 23.660 y 23.661.
El diputado también menciona el ejemplo del Iapos de Santa Fe, que cuenta con un Programa de Asistencia en Situaciones de Violencia de Género para sus afiliadas, sin necesidad de derivación médica, denuncia previa o autorización. El abordaje de esta problemática consta de dos etapas: una de asistencia inicial y atención psicológica a cargo de un equipo multidisciplinario, y otra de seguimiento para evaluar la evolución de la afiliada y el caso en su totalidad.
Cresto destaca la importancia de cumplir con los principios y derechos de las víctimas, en sintonía con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Este proyecto de ley busca garantizar una atención integral y adecuada a las víctimas de violencia de género, asegurando su bienestar y derechos.
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