Los franceses salieron a las calles para exigir una mejora salarial

Poco para algunos, demasiado para otros, la jornada de huelgas y manifestaciones que se llevó a cabo en Francia convocadas por los sindicatos CGT, FO, Solidaires, la FSU y las organizaciones juveniles FIDL, MNL, UNEF y la Vie lycéenne citó en las calles a más de 300 mil personas según la CGT y a 100 mil según fuentes del Ministerio de Interior. Las diferencias entre las dos cifras (CGT y Ministerio) son toda una especialidad francesa cada vez que hay protestas. Las prefecturas las bajan, los sindicatos las suben. 

Este movimiento social aún tímido se desplegó en más de 150 puntos del país al mismo tiempo que la huelga que paraliza la distribución de combustible en las refinerías de la petrolera TotalEnergies desde haca más de dos semanas seguía perturbando el abastecimiento del país, en particular en las grandes ciudades y su entorno. 

Balance del paro y la movilización

Los sindicatos proclaman victoria y el gobierno, aunque bajo mucha presión, respira con cierto alivio porque evitó, al menos en las calles, el aluvión social que conoció en las dos crisis precedentes: la de los chalecos amarillos en 2018 y 2019, y las protestas contra la aún congelada reforma del sistema de jubilaciones a finales de 2019. 

Esta vez, la gente salió a las calles para exigir una mejora salarial global y, también, para defender el derecho a la huelga cuya integridad quedó amenazada por las recientes requisiciones de los trabajadores en las refinerías que estaban en paro. Este martes, las huelgas convocadas por los sindicatos fueron diversamente seguidas (23% en la educación nacional) y la real perturbación en los transportes públicos solo se notó en los trenes. Las huelgas trastornaron la jornada, pero no colapsaron al país.

Izquierda y sindicatos reclaman lo mismo, pero por separado

La huelga y las manifestaciones sindicales se producen dos días después de que la alianza de izquierda NUPES (Nueva Unión Popular Ecologista y Social) manifestara el pasado domingo “contra la vida cara” con cierto éxito. Ambos, izquierda y sindicatos, reclaman lo mismo, pero van por separado. Con la gente en la calle y casi una crisis institucional en la Asamblea Nacional tanto por falta de una mayoría absoluta (no la consiguió en las elecciones legislativas de este año) como por desaciertos en el seno del grupo de diputados presidenciales, el Ejecutivo de la Primera Ministra Elisabeth Borne está en aprietos por ambos lados sin, pese a todo, estar amenazado de asfixia. Ello, sin embargo, no le permite aprobar por un voto la primera parte del proyecto de presupuesto para 2023 y, por consiguiente, obliga al gobierno a un aprobación por decreto con el muy criticado artículo constitucional 49.3. 

La indecencia de las ganancias de las grandes empresas y el no menos indecente reparto de los beneficios entre los accionarios al mismo tiempo que las empresas como TotalEnergies rehúsan aumentar los salarios a su personal fue uno de los temas que más movilizó a los ciudadanos. ”Hartos de lo mismo, de la falta de plata para llegar a fin del mes y, ahora, con la <