Una reciente Acordada de la Cámara Nacional Electoral ha generado preocupación entre los gobernadores, quienes se verán obligados a pagar para obtener los padrones electorales de cara a las elecciones del próximo año.
El documento, conocido como Acordada 120 y firmado la semana pasada por los integrantes de la máxima autoridad electoral, establece un arancel que variará dependiendo de la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón de cada provincia, lo que implica que las regiones más pobladas deberán abonar una suma mayor.
Cada vez que una provincia necesita llevar a cabo elecciones, es imprescindible solicitar previamente a la Cámara Nacional Electoral la entrega del padrón correspondiente. Los gobernadores han expresado su descontento, ya que hasta ahora este procedimiento era gratuito.
Según señalaron fuentes del entorno de uno de los gobernadores que se encuentra en alerta, la Cámara Nacional Electoral ha cambiado su criterio de colaboración con las autoridades electorales provinciales, estableciendo ahora un cobro bajo el argumento de que servirá para compensar al personal dedicado a esta tarea, aunque en realidad se limita a enviar un correo electrónico o cargar un archivo en una plataforma de transferencia de archivos.
De acuerdo a los cálculos realizados por los gobernadores, el costo total que deberían afrontar todas las provincias superaría los 1350 millones de pesos, siendo la provincia de Buenos Aires la más afectada con más de 430 millones de pesos a pagar por su padrón. Córdoba, por su parte, debería abonar 116 millones; Santa Fe, 108 millones y la Ciudad de Buenos Aires, casi 100 millones.
Fuentes de la justicia electoral informaron que la Acordada no introduce un nuevo costo, sino que se solía establecer una compensación en los convenios de colaboración. Lo que ha hecho la Cámara, según estas fuentes, es fijar un criterio único, que en muchos casos resulta en un monto inferior al acordado previamente. Además, explicaron que la propia Acordada contempla excepciones, como en el caso reciente de la entrega de un padrón para una actividad de presupuesto participativo en Posadas, donde al no requerir tareas adicionales, se eximió del pago correspondiente.
