Después de cuatro años y medio en el penal de Ezeiza, Lázaro Báez obtuvo el arresto domiciliario. Fue después de pedir la morigeración de su prisión, señalando que no puede hacer frente a la fianza de 386 millones de pesos que le había fijado el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lo juzga por lavado de dinero. La Cámara de Casación, este lunes resolvió concederle el beneficio del arresto en uno de sus domicilios, decisión sobre la cual el TOF 4, se expidió con marcadas diferencias respecto al criterio del máximo tribunal penal.
Con un arresto domiciliario concedido por la Casación y una excarcelación dictada pero con una caución millonaria para que se haga efectiva, fue el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -responsable de juzgar al empresario K-, el que dirimió la situación. Sus jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini resolvieron que Báez continúe cumpliendo el arresto en su domicilio, monitoreado por una tobillera electrónica.
En la resolución a la que accedió Clarín, el Tribunal aclaró: "no compartimos las críticas efectuadas por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal a la resolución impugnada, siendo que la opinión de los suscriptos ya ha sido debidamente expresada en la resolución de fecha 4 de agosto pasado, a cuyas consideraciones nos remitimos por cuestiones de brevedad".
En aquel planteo, el TOF 4 había sostenido que la prisión domiciliaria de Lázaro Báez no correspondía por cuestiones de salud, que el informe médico del Servicio Penitenciario sostenía que podía seguir siendo atendido como hasta el momento intramuros y que la única manera en la que el empresario K podía dejar la prisión, era tras el pago de la fianza.
La Casación, sin embargo, citó un informe médico elaborado por el personal especializado del Servicio Penitenciario Federal, en el que explica que, por las patologías de Báez y su negativa a realizarse controles cardiovasculares, no puede asegurarse que el contratista no contraiga coronavirus.
El dueño del Grupo Austral obtuvo hace dos meses la excarcelación en una de las causas conexas a la Ruta del Dinero K, pero se le había fijado una caución primero de 632,5 millones de pesos. Después del reclamo de la defensa y de una orden de la Cámara de Casación, la misma quedó en 368 millones de pesos. Aún así, los abogados de Báez sostuvieron que no tenía fondos para hacer frente a esa fianza.
Entonces requirieron que, tal como había sugerido el fiscal del jucio Abel Córdoba, se cumpliera con el arresto domiciliario dictado en marzo de este año en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Dicha morigeración se había ordenado en otra causa conexa a la ruta del dinero K, donde se lo acusó por lavado de dinero por la compra del campo El Entrevero, operación por U$S 14 millones.
Por otro lado, se planteó que dos fiscales habían solicitado conceder la morigeración de su arresto, señalando que era vinculante la decisión del Ministerio Público Fiscal. Con los plazos excedidos de la prisión preventiva también se indicó que aún no cuenta con una sentencia en el juicio que inició en octubre de 2018.
Todos estos argumentos fueron citados por la Sala IV de la Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, al conceder el arresto domiciliario a Lázaro B&aacut
