Lo ocurrido no sorprendió, era esperable. Se ha ingresado en un nuevo escenario desde que Nicolás Maduro asumió su segundo mandato presidencial el 10 de enero, y la Asamblea Nacional (AN), en manos de la derecha, anunció que lo declaraba usurpador y se autoproclamaba como el único gobierno legítimo del país, reconocido por los Estados Unidos (EEUU), el Grupo de Lima -a excepción de México- Canadá y Ecuador -país donde se ha desencadenado una persecución contra migrantes venezolanos.
Ese nuevo escenario contiene elementos conocidos, así como características particulares. Lo ya conocido: es la tercera vez desde 2016 que la AN no reconoce la investidura presidencial, llama a movilizaciones para sacar por la fuerza al gobierno electo, y no es la primera vez que se producen acciones militares de esta naturaleza. Existe una cadena de conspiraciones golpistas dentro de la Fanb, todas desactivadas en los últimos años.
Lo novedoso es el momento y las cartas que hay sobre la mesa: la luz verde dada desde los EEUU, la oficialización de un intento de gobierno paralelo/ilegal encarnado por la AN, un Tribunal Supremo de Justicia que opera desde Colombia y una fiscal prófuga, que podría intentar, como la ha sancionado en una ley, congelar/robar activos del Estado, llamar a una acción humanitaria, y que ya ha ofrecido una amnistía para militares y civiles que intenten un Golpe de Estado.
El plan en marcha sobre esa base necesita sumar varios elementos. En primer lugar, la derecha, sin unidad pero orientada desde fuera, requiere un nuevo liderazgo, papel que ha asumido Juan Guaidó, presidente de la AN. Se trata de un joven cuadro del partido Voluntad Popular, una de las principales fuerzas de oposición implicadas en la estrategia violenta de 2017.
En segundo lugar, necesita volver a movilizar a su base social, en crisis con su propia dirigencia desde agosto de 2017, cuando el chavismo logró la votación que puso en marcha la Asamblea Nacional Constituyente. Para eso han estado llamando a los Cabildos Abiertos desde el 11 de enero, y anunciaron una movilización el 23 de enero para medir sus fuerzas y acelerar el cuadro.
En tercer lugar la derecha busca un elemento desencadenante, seguramente una acción de alto impacto. En este punto se puede enmarcar la acción de esta madrugada, presiones para quebrar a la Fanb, un eventual hecho violento el 23 de enero, así como actos encabezados por sectores armados entrenados en Venezuela y en Colombia. El intento de asesinato de Maduro y de la dirección de la Fanb, en agosto del 2018, con dos drones forma parte de la misma trama.
En el plano internacional existe un cerco construido en cada una de las fronteras venezolanas: Colombia, Brasil y Guayana Esequiba. El elemento más preocupante continúa del lado colombiano, desde dónde se apoya la estrategia paramilitar, y se ha construido un discurso -articulado con medios y políticos venezolanos- que afirma que el gobierno de Maduro ampara grupos armados colombianos en Venezuela, y se han denunciado en los últimos meses supuestas incursiones militares venezolanas del lado colombiano.
Esas variables se encuentran en movimiento y tensión creciente. A todo eso se enfrenta el gobierno de Maduro, y en términos más amplios el chavismo. La última vez que se presentó un escenario similar fue en el 2017. Se sabe, por la dinámica de los ataques, que cada nuevo intento es más violento e incluye más variables que el anterio
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