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A través de una presentación hecha ante la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Gabriela Lena (Juntos), la entidad señaló que resulta “evidente que la complejidad y magnitud del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo denota la necesidad de un debate detenido, amplio y con la debida construcción de consensos entre los distintos actores que integramos el Consejo de la Magistratura y que nos interesamos por su mejor funcionamiento, para lo cual nuestra institución se pone a disposición”.
“Mientras eso sucede, como necesariamente se impone, debe dotarse al Consejo de las herramientas fundamentales para continuar con su labor constitucional”, indicó la Asociación de la Magistratura.
Y se trata, plantea en su presentación, de “herramientas necesarias y urgentes para la inmediata convocatoria a concursos públicos con el fin de salir del estancamiento actual y comenzar a cubrir el casi centenar de vacantes existentes en el Poder Judicial y en los Ministerios Públicos de la Provincia”.
Consejo de la Magistratura: qué dice el proyecto oficial
En ese marco, consideró que “resulta necesaria e imperiosa la eliminación y/o suspensión y/o sustitución del sistema de `banco de casos` de la prueba de oposición (o examen escrito), por el sistema tradicional de casos elaborados por cada uno de los Jurados que intervengan -sorteo mediante- en la posterior corrección y calificación de los exámenes en cuestión”.
Esa modificación, sostiene la Asociación de la Magistratura, “ya permitiría al Consejo de la Magistratura convocar a nuevos concursos y cumplir inmediatamente con su función constitucional, saliendo de la parálisis de los últimos años, en donde se acumularon 97 cargos por concursar, según el mensaje del Poder Ejecutivo contenido en el Proyecto de Ley en estudio”.
La otra «reforma urgente», agrega, “es la que tiene que ver con la devolución de los puntajes de los órdenes de mérito, por etapas, a las ternas de cada concurso -eliminados por la Ley N° 11.003-, ya que ello hace a la transparencia de la designación final por parte del Poder Ejecutivo; y para lo cual solo resulta necesaria la sustitución del actual art. 29 de la Ley N° 11.003, por el art. 30 del Proyecto de Ley en estudio”.
“En definitiva, solo tales modificaciones impactan directamente en el proceso de concursos, permitiendo de manera inmediata que el Consejo recupere su ímpetu tradicional”, subraya.
En la presentación que hacen Alejandro Cánepa y María Gabriela López Arango, presidente y vice, respectivamente, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, y Álvaro Piérola y Fabiola Bogado Ibarra, como consejeros titulares ante el Consejo de la Magistratura, sostienen “la imperiosa necesidad de brindarle al Consejo de la Magistratura provincial las herramientas necesarias y urgentes para la inmediata convocatoria a concursos públicos con el fin de salir del estancamiento actual y comenzar a cubrir el casi centenar de vacantes existentes en el Poder Judicial y en los Ministerios Públicos de la Provincia”.
Consejo de la Magistratura: un planteo judicial que quedó en espera
Observaciones
El texto que ingresó a Diputados y que también fue elevado al gobernador Rogelio Frigerio observa lo proyectado en el artículo 2º de la iniciativa enviada a la Legislatura “a partir del cual no solo se vuelve a modificar la integración del Consejo, sino que se legisla sobre aspectos que original y tradicionalmente quedaron bajo la órbita de cada estamento, en atención a la autonomía e independencia de cada uno de ellos frente al Poder Ejecutivo”.
“Así –indica-, sin explicación ni motivos expresos o siquiera aparentes, el Proyecto interviene sobre los derechos electorales de los integrantes del estamento de la `magistratura y la función judicial´ (…), limitando la participación y la posibilidad de elegir a sus representantes en el Consejo, solo a determinados integrantes de tal sector: magistrados/as, fiscales y defensores/as; dejando sin derecho a voto a muchos otros que forman parte de la grilla de funcionarios/as del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, conforme las Leyes Orgánicas respectivas, y que podrían aspirar a cualquiera de aquellos cargos, tales como: secretarios/as, relatores/as, delegados/as y coordinadores/as, entre muchos otros”.
Destaca también que “no hay razón para que luego de 20 años de integración y participación de este estamento en el Consejo, a través de representantes elegidos por todo el sector, veamos hoy limitada y parcializada la participación electoral solo a quienes ostenten algunos de aquellos tres cargos; a la vez que resulta -cuando menos- extraño, que al Poder Ejecutivo le interese intervenir directamente sobre nuestro estamento, limitando la legitimidad de nuestra representación y acotándola a solo una porción o parcialidad de la totalidad de funcionarios/as y magistrados/as del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos; punto al que nos oponemos enfáticamente”.
Señala que situación parecida sucede con los empleados de la Justicia, “sobre quienes también se avanza, quitándoles la organización de la elección y escrutinio a la o las entidades representativas de aquellos, y otorgándosela a su empleador: el Superior Tribunal de Justicia (…), lo cual resulta verdaderamente inédito y retrotrae años de conquistas laborales en lo referente a los derechos de participación y de representación sindical”.
“Idéntica intervención del Poder Ejecutivo”, observan los magistrados, “se advierte en el estamento `ciudadano` del Consejo (…); es decir, el integrado por las ONG’s provinciales, quienes histórica y tradicionalmente organizaron su trabajo y representación bajo reglamentos dictados y consensuados por ellos mismos, a través de los cuales acordaron la forma de elección de sus representantes en el Consejo y la distribución de dicha representación”.
Otro aspecto que cuestiona es en relación al estamento académico, con la incorporación de las universidades públicas de la «región», aunque, resalta, “no advierte que al Consejo ya lo integran Universidades Públicas cuya `jerarquía´ no ha sido cuestionada ni desconocida; o por lo menos, no se expresa por qué razón las que actualmente lo integran no tendrían la `jerarquía´ suficiente como para representar acabadamente el estamento”. Cuestiona que se privilegie a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para el período 2027/2029, aun cuando para esa fecha la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) ya tendrá la carrera de Abogacía. Y observan críticamente la incorporación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), “ya que esta no dicta, ni proyecta dictar, la carrera de Derecho, ni ninguna otra afín”.
“La modificación de la integración, y de las formas de elección de todos los integrantes del Consejo, aun cuando no se refiera pura y exclusivamente al estamento `magistrados/as e integrantes de la función judicial´, nos preocupa sustancialmente, dado que en ello se basa el equilibrio del sistema y del organismo, reduciendo cualquier influencia política o sectorial en la toma de decisiones, o aun, el predominio de un estamento por sobre el otro”, destacan.
Evaluación
El viernes la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomó el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que busca destrabar los concursos para cargos vacantes en el Poder Judicial. Al respecto, la diputada Lena expresó: “Es un proyecto complejo, que trae reformas que son integrales que requieren no solamente estudio, sino también acuerdos entre los diputados de los diferentes bloques y en eso estamos empezando a trabajar”.
La legisladora comentó que la comisión recibió por escrito las sugerencias de los organismos que participaron de la reunión anterior. “Vamos a trabajar artículo por artículo, como lo hacemos siempre con estas leyes que refieren a instituciones importantes de la provincia y así como lo hicimos con la reforma de la ley electoral. No tenemos un tiempo para aprobarlo, pero tampoco tenemos pausa”, agregó.
Acerca de las vacancias, para cuya cobertura el Ejecutivo propone una serie de modificaciones a la ley, expresó: “Es uno de los temas medulares del proyecto. Hay más de 90 cargos sin estar efectivos dentro del Poder Judicial y hay concursos que desde el año 2009 no se han podido llevar adelante por diferentes recursos que se han presentado. Los jueces, defensores y fiscales, para que sus decisiones sean autónomas y trabajar con independencia, deben haber sido nombrados a través del Consejo de la Magistratura”.
Entre Ríos Ahora
