viernes, febrero 28, 2025
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    Más de 30 funcionarios y empresarios serán investigados en el marco de la Causa Securitas

    La investigación sobre decenas de personas involucradas en un entramado de corrupción y cohecho relacionado con la empresa sueca Securitas ha avanzado significativamente. La empresa se autoc denunció al detectar irregularidades financieras tras un cambio en su dirección en Argentina, revelando millones de dólares desviados de manera ilícita. Como resultado, se ha convocado a declarar como sospechosos a 36 individuos, incluidos funcionarios actuales, exfuncionarios y ex empleados de Securitas.

    Varios exfuncionarios y exdirectores de Securitas, incluyendo a Alfredo Arzuaga, Marcelo Cerrudo, Nicolás Echavarría, y otros, han sido citados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para declarar entre febrero y mayo. Según la acusación, se les imputa el pago de sobornos a funcionarios de distintas dependencias para asegurar contratos de seguridad privada en todo el país. Entre los citados se encuentran actuales funcionarios, exfuncionarios y exempleados de Securitas.

    La investigación involucra a más de 36 personas y se espera que tenga repercusiones significativas, ya que cientos de personas están siendo investigadas. Securitas fue la primera empresa en alcanzar un Acuerdo de Colaboración Eficaz, establecido por la ley de responsabilidad empresarial de 2017. Este acuerdo implica el pago de multas, compensaciones y colaboración en la investigación en un marco temporal y contextual definido.

    En la lista de imputados también se encuentra Pablo Santos, actual director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), quien deberá comparecer el 5 de marzo. Otros citados incluyen a Juan José D’Amico, Gabriel Berteri y Julio Andrés Posadas, todos vinculados a Renaper. Además, se menciona a Natalio Wende, un importante empresario fallecido en 2022, Rafaela Liliana Esber del Senasa, y varios oficiales del Ejército Argentino.

    La investigación se enfoca en organismos como Senasa, Renaper, AA2000 y el Ejército Argentino, aunque se están investigando funcionarios de muchas otras áreas y sindicatos. La lista incluye a Uocra, PDVSA, Enersa, AySA, Prefectura Naval Argentina, entre otros.

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