El diputado nacional Máximo Kirchner, integrante del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de declaración para que el Congreso de la Nación exprese su beneplácito por el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revocó la sentencia de primera instancia en el caso YPF. Según el comunicado oficial, el texto destaca que esta decisión representa “el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital” y valida internacionalmente la soberanía argentina sobre la principal empresa petrolera del país.
El proyecto, fechado el 27 de marzo de 2026, señala que la revocatoria judicial detuvo una “extorsión financiera” que, en palabras de Kirchner, “pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos y argentinas por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”. El legislador resalta la continuidad de la estrategia legal del Estado nacional frente a litigios con fondos especulativos y recuerda el acto de expropiación de YPF realizado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, tal como se expresa en el comunicado y en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa parlamentaria reconoce la expropiación de YPF como “la recuperación de la soberanía hidrocarburífera” y critica la diferencia de criterios entre distintas administraciones. En los fundamentos se afirma: “Mientras que en 2026 celebramos un fallo favorable por resistir y agotar las instancias judiciales, en 2016 la administración de Mauricio Macri optó por un acuerdo apresurado”, en referencia al pago de 9.300 millones de dólares a fondos buitres, que Kirchner interpreta como una decisión política orientada a facilitar el acceso al mercado financiero en detrimento de la defensa de la inmunidad soberana.
El proyecto solicita expresar beneplácito por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de Argentina en el caso YPF. Según el texto ingresado al Congreso, la revocatoria judicial protegió al país de un perjuicio estimado en más de 16.100 millones de dólares y obliga a revisar críticamente la política de endeudamiento adoptada en 2016. En la presentación, el bloque de Unión por la Patria atribuye el origen de esta victoria legal a “la valiente y necesaria decisión tomada en el año 2012 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
El proyecto subraya que la recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico, sino un acto de “supervivencia energética”. Señala que para 2011 la gestión de Repsol había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento. Además, destaca que la Ley 26.741 declaró de interés público el abastecimiento hidrocarburífero y que priorizar el derecho administrativo nacional sobre los estatutos societarios privados permitió el desarrollo estratégico de Vaca Muerta. Según los fundamentos, “sin esa expropiación, Argentina no sería la potencia energética emergente que es hoy, sino un rehén de dividendos girados al exterior”.
El proyecto también resalta la continuidad conceptual de la defensa estatal a través de distintas administraciones, afirmando que “las disposiciones de un estatuto societario no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”. En un pasaje directo, Kirchner critica a la actual conducción del país: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”.
El dictamen de la Cámara de Apelaciones reconoce que los actos soberanos de un Estado, realizados mediante leyes del Congreso de acuerdo con la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico argentino, no pueden ser considerados por tribunales extranjeros por debajo de los estatutos de sociedades comerciales ni de contratos privados. En el tramo final del proyecto, Kirchner exige una revisión política de los actos vinculados a los fondos buitres durante el gobierno de Mauricio Macri y compara esta situación con el caso YPF: “Si en 2016 se hubiera mantenido la resistencia jurídica y política que se sostuvo en el caso YPF, Argentina podría haber evitado el ciclo de endeudamiento posterior. Pagar en 2016 fue una decisión ideológica y de ‘mercado’; resistir en el caso YPF fue una decisión de ‘Estado'”.
Además, la propuesta califica la sentencia de 2023 de la jueza Loretta Preska como “motivada políticamente” y describe las órdenes de la corte como intentos de “asfixia financiera” contra la autonomía argentina. El proyecto reivindica la defensa judicial como política de Estado más allá de los cambios de administración y afirma: “Este fallo, que revoca la sentencia de primera instancia, pone freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos y argentinas por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”.
Según el proyecto, la decisión judicial “es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital. Al expresar nuestro beneplácito, no solo festejamos un ahorro de miles de millones de dólares, sino que reivindicamos el derecho de la República Argentina a decidir sobre sus recursos naturales y su marco normativo interno sin tutelajes coloniales de tribunales extranjeros”.
Firman el proyecto de declaración, junto a Máximo Kirchner, los diputados Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Teresa García, Mario Manrique, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Vanesa Siley y Julia Strada.
