El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, ha estado en el ojo de la tormenta debido a un millonario gasto en material represivo destinado a contener manifestaciones y protestas sociales. A pesar de la insistencia del Gobierno en la falta de fondos, se reveló que se desembolsaron más de $1.000 millones en granadas, cartuchos de balas de goma, lanzagas, máscaras de gas y escudos.
Uno de los episodios más controversiales fue el operativo del 12 de marzo, donde las fuerzas de seguridad reprimieron a jubilados y hinchas de fútbol, resultando gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo, quien aún se encuentra en terapia intensiva. Este operativo tuvo un costo adicional de cerca de $80 millones para enviar a las fuerzas de seguridad, lo que equivaldría a unas 280 jubilaciones mínimas.
El Ministerio de Seguridad ha justificado estas compras millonarias asegurando que forman parte del presupuesto ordinario de las fuerzas. Sin embargo, datos obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública revelan que se han adquirido una amplia variedad de equipos represivos, como granadas de mano, aerosoles de gas pimienta, cartuchos de gas y cartuchos de “AT”.
Además, se conoció que en el último año se han realizado compras significativas de material represivo, como cartuchos y granadas de gas lacrimógeno, sin licitación y en dólares, por un monto superior a los $1.000 millones. Este revelador informe ha generado controversia y críticas hacia la gestión de Bullrich en materia de seguridad y control de protestas.
La falta de transparencia en el uso de estos recursos y la aparente priorización de la represión por sobre otras necesidades sociales ha generado un fuerte debate en la opinión pública. La gestión de Bullrich ha sido cuestionada por sectores de la sociedad civil y políticos, quienes exigen explicaciones claras sobre el destino de estos millonarios fondos y el impacto de estas decisiones en la seguridad y la democracia del país.
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