La medida impulsada por el Intendente Francisco Azcué busca resguardar el poder adquisitivo de los empleados municipales, asegurando que los descuentos no impacten en la subsistencia familiar. A partir de agosto, se establecerá un orden de prioridades en las retenciones, dando preferencia a los aportes obligatorios como jubilación, obra social, sindicato y cuotas alimentarias. También se limitarán los embargos judiciales y retenciones voluntarias dentro de márgenes legales.
El Municipio notificará a cada empleado sobre los descuentos aplicados y diferidos, garantizando el respeto por la legalidad vigente. Paralelamente, se trabajará en un programa de Educación Financiera para dotar a los trabajadores de herramientas que mejoren la administración de sus ingresos. Esta iniciativa apunta a tomar decisiones financieras más conscientes y acordes a cada situación.
La decisión de ordenar y transparentar las retenciones salariales del personal se fundamenta en corregir prácticas perjudiciales que afectan sus ingresos disponibles. En un contexto económico complejo, es esencial salvaguardar el derecho a una subsistencia digna y la estabilidad en los ingresos familiares. Esta normativa busca aplicar criterios justos y uniformes, con base en la legislación vigente, para proteger los derechos laborales y garantizar la equidad en el trato a todo el personal municipal.
