Los planes sociales en Argentina alcanzaron un récord histórico durante el gobierno de Javier Milei, con más de seis millones de beneficiarios registrados a diciembre de 2025. Este crecimiento representa un aumento del 50% en comparación con la administración de Alberto Fernández, consolidando las transferencias directas como un pilar fundamental para contener el impacto social del ajuste económico.
En detalle, la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegó a 4.114.513 titulares, incluyendo 93.453 beneficiarios con discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar alcanzó a 2.546.130 familias, cubriendo a más de 4,5 millones de niños. Estas cifras reflejan una expansión significativa de los programas sociales en un contexto donde el empleo formal y las jubilaciones han sufrido un fuerte deterioro debido a la inflación.
Los datos del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) y de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) muestran que, a diferencia de los salarios mínimos y otros ingresos formales, la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas partidas que crecieron en términos reales durante los primeros dos años del gobierno libertario. El valor de la AUH es actualmente un 23% superior al registrado en la gestión anterior y un 10% más alto que en la presidencia de Cristina Fernández, con un aumento real interanual del 47%.
Este incremento en la asistencia social se produjo en paralelo a una retracción del mercado laboral formal, con una pérdida aproximada de 180.000 empleos registrados en los primeros dos años de gobierno, incluyendo la destrucción de 70.000 puestos solo en octubre de 2025. La estrategia oficial ha sido eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y fortalecer las transferencias directas, buscando que la asistencia no sea licuada por la inflación, a diferencia de los salarios mínimos que hoy cubren solo una fracción de la Canasta Básica Total.
En este contexto, los planes sociales se han convertido en la principal herramienta para evitar un estallido social ante el fuerte ajuste económico. Aunque el discurso oficial sostiene un achicamiento del Estado, la expansión de estas transferencias directas ha funcionado como una red de protección mínima frente a la caída del poder adquisitivo, sosteniendo la gobernabilidad en un escenario de creciente pobreza y destrucción del empleo formal.
